Falta menos de una semana para que la Obra Social de Caja Segovia la gestione una fundación especial, de cuya composición y estatutos nada se sabe todavía.
Pero el Gobierno ya ha decretado la disolución de los órganos de Gobierno de la entidad. El BOE del pasado jueves 15 publicó la Ley Reestructuración y Resolución de entidades de crédito, que de forma automática convierte a un grupo de cajas de ahorro, entre las que se encuentra Caja Segovia, en fundaciones de carácter especial.
Su disposición final decimotercera establece la “disolución directa de todos los órganos de la Caja de Ahorros y la baja en el registro especial de entidades de crédito del Banco de España”. Además insta a que el protectorado correspondiente nombre una comisión gestora de la fundación de carácter especial, “a los efectos de aprobar los estatutos, nombrar al patronato, fijar en su caso el régimen que corresponda para la amortización inmediata de las cuotas participativas que carezcan de derecho de voto y adoptar cuantos actos o acuerdos sean necesarios para materializar la transformación acaecida, en cumplimiento de la normativa estatal y autonómica aplicable”.
El actual presidente de Caja Segovia, Rafael Encinas, dijo ayer desconocer todavía cómo se procederá para el nombramiento y la organización de los nuevos cargos que en teoría deberán manejar los fondos de la Obra Social (que en sus mejores tiempos llegó a los 14 millones de euros anuales); así como a gestionar el patrimonio que queda a la entidad, a pesar de que se encuentre hipotecada una parte importante de los inmuebles, como ya anunció este periódico el mes pasado.
De este modo, el actual consejo de administración y la asamblea general pasarán a la historia de Caja Segovia por ser los más efímeros de los constituidos hasta ahora. Su disolución se producirá sin que aún se hayan completado, pues faltan por ser designados los representantes de las Cortes regionales de Castilla y León, de las entidades de interés general, entre las que se encuentran los de los agentes sociales.
Tampoco se llegará así a celebrar la asamblea general que tendría que convocarse de forma urgente en este mes de noviembre para refrendar el preceptivo acuerdo con el respaldo jurídico del máximo órgano de gobierno de la caja.
Con ello se evita también que el anterior máximo responsable del Consejo de Administración, Atilano Soto Rábanos, como presidente saliente de la asamblea general —máximo órgano de gobierno de la entidad— pudiera dar explicaciones al de la gestión llevada a cabo en este último año.
Uso hostelero o docente para el Palacio.- En estos últimos días de Caja Segovia como entidad antes de convertirse en fundación, algunos de sus responsables continúan trabajando para encontrar una solución al problema hipotecario que pesa sobre varios de los inmuebles representativos y cuyo pago, que asciende a 150.000 euros anuales, se antoja algo complicado. La hipoteca afecta al Torreón de Lozoya, el Palacio de Villafáñez, y parte del edificio central de Fernández Ladreda, entre otros inmuebles. Por ello se está negociando con algunos interesados en utilizar el Palacio de Mansilla, antigua sede del Colegio Universitario. Según fuentes de la entidad de ahorro existen “interesados, pero todavía no hay propuestas concretas”. En todo caso se manejan las posibilidades de que pueda obtenerse un rendimiento con fines hosteleros o docentes, que constituyen algunas de las apuestas que cuentan con mayores posibilidades de prosperar.
