La falta de financiación, el casi inexistente mercado crediticio en la provincia para la adquisición de vivienda, está ahogando al sector de la Construcción, que ha sido durante gran parte de los últimos años uno de los motores de la economía de la provincia y también ha generado empleo hasta que “explotó” la crisis del ladrillo, también llamada “burbuja inmobiliaria”, anunciada pero todavía no del todo reconocida por parte de los promotores.
El presidente de la Asociación Provincial de Industrias de la Construcción (APIC), Javier Carretero, asegura que el crédito “está parado” no solo para las empresas del sector sino para las familias, un problema que se arrastra desde 2008 pero que se agravó el año pasado.
Admite que las dificultades que viven las constructoras segovianas son similares a las del resto de España e incluso todavía es peor — “un polvorín”, asegura— en gran parte de la costa mediterránea, pero llama la atención sobre el comportamiento de entidades financieras como Caja Segovia, actualmente integrada en Bankia. “Ahora es un banco más. Se acabó todo el apoyo al empresario segoviano, esa cercanía que nos aseguraron no iba a resentirse”, explica Carretero.
Además, considera que todas las entidades financieras están dedicándose a vender casas. “Tienen ya sus propios portales especializados y ofrecen financiación ventajosa para sus activos inmobiliarios”, dice.
Carretero comenta que la Asociación provincial ha recibido ya varias quejas de asociados porque se han encontrado con clientes interesados en adquirir una vivienda de su empresa que, al ir a financiarla a una entidad bancaria, han recibido “una oferta, y hasta en la misma manzana, de una vivienda del banco y con unas bajadas de precios que no son de recibo”.
Desde la APIC, los empresarios segovianos del sector se preguntan para qué sirve la reestructuración del sector financiero, las aportaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), o los créditos del Banco Central Europeo, si luego no fluye el dinero hacia empresas y particulares.
Muchas empresas no pueden continuar su actividad sin refinanciar su deuda, sostiene el presidente de esta patronal, “pero el que lo consigue, es a costa de unos tipos de interés altísimos, inimaginables. La consecuencia es que en lugar de deber cien ahora deban doscientos dentro de pocos años”.
La prueba está, según él, en que de los concursos de acreedores en la provincia, están protagonizados de forma mayoritaria por empresas del sector de la construcción, promotoras, inmobiliarias o empresas auxiliares.
El porqué de esta situación es complejo pero Carretero admite que antes de la crisis “ha habido especuladores ajenos al sector que compraban suelo o vivienda para vender al poco tiempo por bastante más, y sin hacer un solo papel” Eso es lo que ha inflado la burbuja, sostiene, porque los pisos se vendían, los promotores construían más y los bancos lo financiaban.
La APIC estima que el año pasado el sector perdió la mitad de sus empleados
2011 ha sido un año “nefasto” para la actividad de las empresas del sector en la provincia. Así de categórico se ha mostrado el presidente de la Asociación Industrial de Industrias de la Construcción (APIC), Javier Carretero, a la hora de calificar el pasado ejercicio. Hasta el punto de que hace una estimación de la reducción de plantillas que sobrepasa, según él, el 50% del total de empleo que mantenía la Construcción en Segovia.
Para 2012 también hace una previsión negativa. “Caerán empresas, seguro”, dice, al tiempo que resta valor a medidas políticas como el mantenimiento del IVA superreducido y la deducción fiscal por compra de vivienda, ya que “si el banco no da dinero para la hipoteca, no se van a vender nada”.
No hay mercado. Ese parece el ‘mal fario’ que parece perseguir a los promotores inmobiliarios en los últimos años. Los responsables de la APIC se preguntan cómo puede hablarse de precios de vivienda nueva en la provincia “cuando no se venden”.
Los cálculos sobre el “stock” de vivienda sin vender en la provincia rondan la cifra de las 2.000 de obra nueva y el movimiento “es muy muy escaso”, asegura Carretero, y limitado prácticamente a viviendas de segunda mano.
A la falta de actividad, motivada sobre todo por la escasa financiación a empresas y particulares y la desconfianza de los consumidores en el futuro, la APIC añade otro problema que pone todavía más contra las cuerdas a las empresas constructoras segovianas: Los impagos o el retraso de estos hasta 300 días.
En el caso de las Administraciones Públicas, Carretero apunta que el último semestre se ha agudizado la morosidad, aunque luego puntualiza que “el Ayuntamiento de Segovia no es de los que peor pagan y que la Junta, que tiene fama de pagar fatal, en Segovia empieza a hacerlo a 60 ó 90 días, dentro de la legalidad, ya que el margen es de 85 días”.
Por otro lado, el presidente de los constructores cree que “se debería modificar la normativa sobre adjudicación de obra oficial para intentar que las obras de Segovia vayan a empresas de la provincia, siempre que tengan capacidad para ello. En Salamanca ya se está empezando a cumplir”, explica.
Además, dice que es esencial que las Administraciones controlen que el contratista principal paga a las subcontratas. “Con el plan E funcionaba, porque para recibir la segunda certificación, el contratista tenía que demostrar que había pagado a las subcontratas. Había un seguimiento de la cadena de pagos”, añade. Se muestra contrario también a las bajas temerarias.
En cuanto al intrusismo, que ha crecido durante los años de crisis, pide una mayor agilidad e implicación por parte de la Inspección de Trabajo.
