Malas noticias para el Gobierno, y no vienen de Bruselas, sino de Madrid. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió ayer a su presidente -también para el Supremo-, el progresista Gonzalo Moliner, que, pese a su fama de dialogante y flexible, había sido hasta el momento una voz muy crítica con Rajoy, llegando a afirmar recientemente que la reforma laboral rozaba la inconstitucionalidad.
Así, el magistrado logró los 12 votos requeridos por la ley para su elección. Cinco vocales votaron en contra de su nombramiento y otros tres se abstuvieron. Los 20 comenzaron sus deliberaciones para nombrar al máximo responsable de la Carrera Judicial en un pleno extraordinario convocado a las 09,30 horas y, en apenas 10 minutos, lograron el consenso necesario para designar a Moliner, un candidato considerado progresista, ya que es uno de los fundadores de la asociación Jueces para la Democracia.
Los consejeros eligieron al magistrado en una rápida sesión que contrasta con las innumerables votaciones mantenidas durante las 14 horas de discusión en las que se alargaron las dos reuniones celebradas la pasada semana y que culminaron sin lograr cubrir el cargo vacante que dejó el dimitido Carlos Dívar el pasado 21 de junio.
En una rueda de prensa celebrada en la sede del CGPJ, el todavía presidente en funciones, Fernando de Rosa, explicó que propuso el nombre de los candidatos que cosecharon un mayor número de sufragios en las anteriores votaciones. Entre ellos, el magistrado de lo Civil del Supremo José Ramón Ferrándiz, que logró 9 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones.
Al no obtener el quorum mínimo, se sometió a votación el nombre de Moliner, con 43 años de antigüedad en la Carrera Judicial y que el próximo viernes cumplirá 68 años, que ha reunido el número de votos necesario para ser elegido presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Supremo. Fue una sorpresa porque fue apoyado por compañeros conservadores. Y es que, a juicio de los expertos, el clima en la institución es muy tenso, había prisas por zanjar el asunto del relevo de Dívar, y todo lo que rodeó a la dimisión de éste ha dejado importantes secuelas.
Acompañado de la portavoz Gabriela Bravo, De Rosa definió al juez como un candidato con «capacidad de consenso» y «aceptación» por parte de los magistrados que le han acompañado en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) y en el Supremo.
Además, rechazó que los vocales hayan fracasado en sus horas de discusión al defender que el acuerdo alcanzado haya sido consecuencia de las jornadas anteriores: «Debemos estar satisfechos porque en un tiempo prudencial hemos logrado consenso para elegir el nombramiento. No es espectáculo sino muestra de un intenso trabajo y responsabilidad».
Seguidamente, y ante los medios, Moliner reconoció afrontar esta «nueva etapa» con «ilusión» y «algo de miedo» por la responsabilidad que conlleva. Tras negar que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, esté desmantelando el Poder Judicial -ha sido uno de sus grandes enemigos-, estimó que no son «convenientes» los paros anunciados por las asociaciones de jueces y fiscales ante los recortes del Gobierno.
Otro punto polémico fue el de si se había acordado un calendario de trabajo para él, como sostienen tres vocales, entre ellos la exministra socialista Margarita Robles, que denunciaba que se había pactado un compromiso previo a su designación.
Mientras, Gallardón, que posiblemente no esté muy satisfecho con el resultado de la votación, indicó que «no hay ni una sola de las competencias» del CGPJ que pasen al Ministerio en la nueva Ley Orgánica, por lo que la independencia «está plenamente garantizada» por el Gobierno. El otoño se presenta caliente, sobre todo, con un Constitucional progresista.
Progresista y experto en Trabajo.- El nuevo presidente del CGPJ y del Supremo, Gonzalo Moliner, se ha destacado desde el inicio de su carrera judicial, en 1969, por su tendencia progresista y su interés y especialización en el área del Derecho Laboral. De hecho, formó parte del secretariado en la Asamblea Constituyente de la Asociación Jueces para la Democracia en 1983 y volvió a ocupar esta misma plaza al año siguiente. Nombrado jefe de la Sala de lo Social del TS en 2008, cuatro años antes, ya era miembro de la junta de Gobierno. En sus inicios fue magistrado de Primera Instancia en Mataró y Alzira. Colaborador de revistas especializadas, donde ha escrito infinidad de artículos. También varios libros en torno al Derecho Laboral.
