La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, defendió ayer que en este momento de caída de los ingresos públicos y de crisis hay que «ir más lejos» y pedir «la solidaridad de todos con los grandes servicios públicos y con los que peor lo están pasando». Del Olmo consideró que «queda margen para el acuerdo» en la tramitación de la Ley de Medidas en las Cortes y en la negociación con los empleados públicos.
El debate de totalidad del proyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras se desarrolló mientras en la calle un millar de personas, convocadas por distintos sindicatos, protestó por el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas en la administración pública.
Garantizar los servicios públicos esenciales y hacerlo compatible con la estabilidad de las cuentas son, argumentó la consejera, los objetivos del texto presentado, en el que figura la recaudación del Impuesto de Patrimonio, introducir la tarifa autonómica en el Impuesto sobre Ventas Minoristas a determinados Hidrocarburos y la creación de los tributos a las eléctricas y por eliminación de residuos de vertederos.
En su intervención, Pilar del Olmo subrayó que los nuevos tributos son «un esfuerzo ponderado», para explicar que la recaudación estimada de 212 millones de euros con esos nuevos impuestos supone una presión fiscal del 0,36% del PIB de la Comunidad, «mucho mejor de lo que vienen soportando, desde hace años, los ciudadanos de un buen número de comunidades».
Para avalar sus propuestas, la consejera recordó que el conjunto de beneficios fiscales es de los “más significativos” en el ámbito autonómico; que en nueve de las 13 comunidades se aplica el céntimo sanitario; y que en una mayoría de las autonomías existe una mayor tributación medioambiental. También mantuvo que el impuesto aplicado a las compañías eléctricas no incidirá en la tarifa que pagan los usuarios.
En relación al aumento de jornada para los empleados públicos reiteró que «ni se busca ni se va a producir la reducción del número de empleados públicos que se viene denunciando». «Hay que decir a los ciudadanos que aunque algunas de estas decisiones no gusten, son parte de la solución a la complicada situación de recesión económica y elevadísimo desempleo», remarcó.
