El Gobierno español pidió ayer ayuda a sus socios y aliados extranjeros para manejar el conflicto abierto por la amenaza de nacionalización a la petrolera argentina YPF, participada mayoritariamente por Repsol, si bien aún confía en que el problema se resuelva «a través del diálogo».
Entre otros, el Gabinete mantuvo contactos con los Ejecutivos de Estados Unidos, México, que actualmente ejerce la presidencia del G-20, y Colombia, anfitrión de la VI Cumbre de las Américas, donde algunos de los Estados participantes con inversiones en Argentina sacarán el debate sobre la seguridad jurídica.
Así se expresó el ministro de Asuntos Exteriores y de cooperación, José Manuel García-Margallo, tras recibir en el Palacio de Santa Cruz al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, a quien trasladó la «preocupación» del Gobierno por los acontecimientos en torno a YPF.
Eso sí, dejó claro al diplomático que «cualquier ataque violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerado como una agresión por parte del Gabinete español, que tomará las acciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados».
El ministro recordó que en el año 2001 el Gobierno de José María Aznar salió al rescate de Argentina concediéndole un crédito de 1.000 millones de dólares, y advirtió de que una ruptura entre los dos países por el caso YPF equivaldría a poner fin a una relación «fraternal de mucho tiempo». «Sería el peor de los escenarios», señaló.
García-Margallo admitió tener conocimiento de la existencia de un proyecto de ley que permitiría al Gabinete argentino tomar el control de la petrolera. Ese texto, según García-Margallo, puede ser remitido directamente por la Presidencia de dicho país a las Cámaras, pero indicó que no tiene constancia de que ya haya llegado al Parlamento.
Codo con codo
La amenaza de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de nacionalidad la filial de Repsol en el país, YPF, puso de acuerdo a populares y socialistas para defender los intereses de España. El Partido Popular avisó de que el acoso a la petrolera puede tener «consecuencias jurídicas, mientras que el PSOE apeló a la «responsabilidad y sensibilidad» del Gobierno argentino para resolver la situación.
Asimismo, las Cámaras de Comercio nacionales expresaron su apoyo «sin reservas» a la posición y las gestiones diplomáticas emprendidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y su «firme rechazo» a los gestos de arbitrariedad contra empresas nacionales en el exterior. En un comunicado, la organización considera que «nos encontramos ante una posición sin precedentes de la relaciones entre ambos países».
Por otra parte, la Unión Europea llevará su preocupación por el asunto a una reunión bilateral que celebrará en Buenos Aires la próxima semana con representantes de la autoridades argentinas en el marco de su cooperación comercial, según informaron desde Bruselas fuentes comunitarias.
La situación de los inversores españoles en suelo argentino está sujeta a un acuerdo bilateral entre ambos países y, por ello, la UE no cuenta con ningún instrumento jurídico que le permita intervenir directamente en este conflicto.
