El director de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González Mantero, anunció el envío al Ministerio de Industria de un informe elaborado por la Subdelegación del Gobierno de León en el que se dan a conocer las connotaciones que podría tener un cierre «desordenado» de las minas. La Subdelegación del Gobierno de León confirmó que, como parte de la estructura y representación del Ejecutivo en la provincia de León, el contacto con la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria es «permanente», e incluso «presencial», con el objetivo de trasladar «todas aquellas propuestas e informes» para poder alcanzar una solución «satisfactoria» a la situación del sector minero.
En este sentido, confió en que Industria tenga en cuenta ese informe y «antes de que se cierren los presupuestos» se pueda empezar a «vislumbrar una solución» a este problema con el fin de que la situación, que hasta el momento no está registrando demasiadas movilizaciones, «no vaya a mayores».
El informe incluye un cálculo de las cantidades que el Estado revierte por cada euro invertido en ayudas, y aunque consideró que «no es momento» para dar a conocer esa cifra «en público», ya que se está intentando trasladar «reservadamente al Gobierno», confió en que pueda tener «éxito» para conseguir «dar la vuelta» a la actual situación. Mantero advirtió de que, en el caso de que se adoptara una decisión «errónea» habría que plantear la elaboración de un plan alternativoteniendo en cuenta aspectos de seguridad minera o restauraciones de cuencas.
Por último, los parlamentarios nacionales del PP de León manifestaron que la primera de las preocupaciones del partido ante la situación que atraviesa el sector es que pueda «aparecer dinero» con el que poder abonar los casi 75 millones que el anterior Gobierno presupuestó y no abonó a las empresas mineras y que está generando «parte del lío actual», expresó el diputado Eduardo Fernández.
Paro, cortes de tráfico y nacionalización.- Los trabajadores de la minería del carbón y de las subcontratas que prestan sus servicios en este sector secundaron «rotundamente» la convocatoria de huelga general de FITAG-UGT y la Federación de Industria de CCOO. Si el miércoles el seguimiento fue del 100 por ciento en todo el país, ayer, la entrada de los primeros turnos de la mañana confirmaron también que el seguimiento iba a ser total.
El seguimiento de la huelga por parte de los trabajadores refleja, según los sindicatos, su rechazo «más absoluto» a las pretensiones del Gobierno de «liquidar» la minería en España y arrastrando a las comarcas mineras «a un futuro muy incierto». En Castilla y León hay 24 centros de trabajo, que dan empleo a 3.000 personas. Pertenecen al Grupo Viloria (siete), Uminsa (seis), Coto Minero Cantábrico (cinco), Hullera Vasco-Leonesa (tres) y otros (tres).
En este sentido, el secretario regional de CCOO, Ángel Hernández, planteó la nacionalización del sector para ahorrar, de esta manera, las subvenciones que se quedan los empresarios.
Por último, también se produjeron cortes de tráfico en la A-6 a la altura de Camponaraya y, como ya ocurriera también durante la primera jornada de huelga, en el peaje de la AP-66 a su paso por la localidad de La Magdalena, puntos en los que se concentaron alrededor de 400 mineros.
