La Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia se defendieron ayer de quienes les acusan de una presunta inacción o negligencia en el caso polémico edificio en construcción en San Marcos. Mientras la Fiscalía investiga si el inmueble supone un impacto negativo al entorno y el proyecto contraviene la Ley de Patrimonio, tanto Patrimonio como el Gobierno local escudaron ayer su actuación en la legalidad urbanística vigente, eludiendo, en consecuencia, cualquier responsabilidad sobre un inmueble, destinado a alojamiento turístico, que ha provocado indignación ciudadana y alarma social en diferentes colectivos de la ciudad.
Mientras la Comisión de Patrimonio reivindicó ayer la legalidad de todas sus actuaciones, la concejala y alcaldesa accidental, Claudia de Santos, recalcó, a preguntas de los periodistas, que «si hay una norma urbanística» —en alusión del Plan Especial de San Lorenzo, Valle del Eresma y San Marcos, aprobado por el Gobierno municipal del PP en 1999— «se tiene que cumplir, porque, lo contrario, sería prevaricar».
La Fiscalía de la Audiencia Provincial, tal y como avanzó este diario, pidió documentación al Ayuntamiento y a la Junta en el marco de las diligencias informativas que abrió el Ministerio Público a raíz de la denuncia de IU. Ante esta petición, el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar (PP) reunió ayer a la Comisión Territorial de Patrimonio en una reunión monográfica sobre la situación del edificio, que se construye en el número 25 de la calle de San Marcos.
Al término del encuentro, donde asistió la concejala de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento, Claudia de Santos (PSOE), con voz pero sin voto, la Delegación emitió un comunicado para resaltar que, tras la revisión de los expedientes, había cumplido la legalidad en todas sus resoluciones sobre el caso. Es más, los miembros de la Comisión señalaron que todas sus decisiones se han ajustado «escrupulosamente al cumplimiento de sus obligaciones en el marco de competencias que le otorga la normativa vigente».
No obstante, del comunicado se desprende que Patrimonio atribuye al Ayuntamiento toda la responsabilidad y capacidad de maniobra, tanto para impedir en su momento la construcción, como para, ahora, resolver el presunto atentado cometido contra las vistas del Alcázar. Patrimonio admitió ayer que entre sus atribuciones está la de proteger y cuidar los valores históricos y artísticos declarados y reconocidos. Sin embargo, según señala en el comunicado, desde que se publicara el Plan Especial de San Lorenzo y San Marcos, el 16 de febrero de 2000, en la zona donde se encuentran las obras, es el Ayuntamiento de Segovia «la administración competente tanto en materia urbanística como de protección del patrimonio cultural».
Sobre este punto, y a preguntas de los periodistas, la concejala De Santos aclaró que «no existe definida un área de protección ni de la iglesia de la Veracruz ni del Alcázar«. Ni el arbolado ni la alameda en la zona ni la iglesia de San Marcos están declarados como Bienes de Interés Cultural (BIC), pese a estar considerados como uno de los templos más antigua de Segovia. Con este panorama, Patrimonio defiende que no pudo poner impedimento a la construcción, como tampoco el Ayuntamiento, puesto que, según insistió ayer De Santos, «hay una norma urbanística vigente y se tiene que cumplir, lo contrario sería prevaricar».
Otros ejemplos
La concejala, que ejercía ayer de alcaldesa accidental, en ausencia del regidor Pedro Arahuetes, de viaje en Argentina, recordó que hay otros dos edificios en la calle de San Marcos, en la acera de enfrente al que ahora se construye, que están sujetos al mismo Plan Especial aprobado en 1999 y a los que el consistorio tampoco pudo denegar la licencia.
Sobre la parcela que existe entre la iglesia de San Marcos y el polémico edifico en construcción, donde se asienta un edificio abandonado y en ruina, en el número 23, la concejala precisó que no corresponde al mismo propietario. En todo caso, a tenor de que la iglesia de San Marcos no está declarada BIC, el Plan Especial de San Lorenzo daría también amparo a una nueva construcción en esta parcela.
Ni del comunicado de prensa emitido por Patrimonio ni de las declaraciones de De Santos se desprende la asunción de posibles errores. Es más, la Comisión Territorial asegura que «en el ejercicio de sus competencias de control y seguimiento de los acuerdos que adopta, ha de realizar, realiza y realizará cuantas actuaciones de seguimiento y control sean necesarias sobre las obras en este inmueble». Por su parte, la concejala, en sintonía con lo apuntado por el alcalde, señaló al Plan Especial de San Marcos, aprobado por el PP, como la norma urbanística que ampara la actuación, señalando que, a su juicio, tanto el Ayuntamiento como la Junta han obrado conforme a la legalidad.
Por otra parte, los miembros de la Comisión lamentaron «de forma unánime» las opiniones en las que, según dicen, se ha puesto en cuestión su funcionamiento y capacidad técnica, en alusión a la asociación «Amigos del Patrimonio de Segovia» y del concejal de IU, Luis Peñalosa. «En todo el tiempo transcurrido no consta petición alguna sobre acceso a la documentación sobre este expediente», añaden.
De la nota de prensa remitida por la Comisión también se deduce que a varios miembros de este órgano colegiado no les agrada el proyecto del inmueble, que, en virtud del Plan Especial, tendrá dos plantas y aprovechamiento bajo cubierta. La normativa permitió aumentar la edificabilidad de la parcela de 133 a 700 metros cuadrados edificables. «Todos los miembros, también por unanimidad, manifiestan que el cumplimiento de la legalidad, no elimina la opinión personal que cada miembro de la Comisión mantiene sobre el edificio de la calle San Marcos número 25», concluye el comunicado.
A la Fiscalía
La Comisión de Patrimonio asumió ayer el informe del Servicio Territorial de Cultura que remitirá a la Fiscalía Provincial sobre las actuaciones llevadas a cabo por el organismo en el caso. Sobre este asunto, De Santos, por su parte, señaló que «por lealtad institucional, todos debemos guardar silencio y dejar trabajar a la Fiscalía«. El Ministerio Público abrió diligencias a raíz de una denuncia de IU. El fiscal jefe podrá archivar el caso o, en su caso, proponer al juzgado la paralización cautelar de las obras.
