El magistrado Baltasar Garzón, acusado de un delito de prevaricación en el caso de los crímenes del franquismo, aprovechó su último turno de palabra para asegurar que su «conciencia está tranquila porque tomó las decisiones» que creyó «ajustadas a Derecho». En este caso, que ayer quedó visto para sentencia, el fiscal y la defensa del juez piden la absolución, mientras que la acusación popular solicita una pena de 20 años de inhabilitación.
El mediático magistrado, que se sentó de nuevo en el banquillo de los acusados sin la toga, defendió que su actuación solo fue dirigida a perseguir, sancionar o castigar, por mí o por quien correspondiera, los crímenes masivos de desaparición forzada de personas en ese contexto de detenciones ilegales masivas».
En este sentido, el juez, suspendido cautelarmente de la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, reivindicó que las instituciones «deben» reparación a las víctimas para evitar «el olvido y la falta de memoria». En aras de su independencia como magistrado y la libertad de interpretación, alegó que adoptó las decisiones que entendió «más apropiadas» en aplicación del derecho nacional e internacional.
En la séptima sesión del juicio y en un alegato de apenas seis minutos y medio de duración, el magistrado manifestó su conformidad con los informes finales expuestos por el fiscal Luis Navajas y por su defensa Gonzalo Martínez- Fresneda
Precisamente, su letrado solicitó la libre absolución de su representado, al tiempo que defendió que la querella archivada por el magistrado sobre los fusilamientos de Paracuellos del Jarama no es comparable jurídicamente con la causa que abrió por las desapariciones durante la dictadura. En la misma línea se manifestó el representante del Ministerio Público, que aseguró que la matanza en este pueblo madrileño, ocurrida en 1936, aún se sigue investigando, por lo que se desconoce si entre sus responsables estuvo Santiago Carrillo y otros dirigentes republicanos.
Durante su intervención, el fiscal defendió que la acusación sostenida por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad es «infundada» y que de materializarse en condena podría interpretarse como un peligroso mensaje a los «jueces de interpretaciones minoritarias».
Por el contrario, el abogado de la acusación popular en el juicio, Joaquín Ruiz Infante, solicitó la inhabilitación por 20 años de Garzón por entender que pretendió «enjuiciar una época» obviando la Ley de Amnistía. «Con sus argumentos, podríamos abrir un procedimiento por los fusilamientos del Dos de Mayo», afirmó el letrado.
Por otro lado, en otro de los casos contra Baltasar Garzón que se mantiene abierto, la Fiscalía del Tribunal Supremo presentó ayer un escrito en el que solicita al juez Manuel Marchena que dicte el sobreseimiento de las actuaciones que se siguen contra el magistrado por los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York -por las que la acusación pide penas de hasta cinco años de prisión y un total de 30 de inhabilitación- al entender que no existe un delito de cohecho pasivo impropio y que de haberlo, habría prescrito.
