La pelota ha pasado al tejado español. Es la conclusión a la que llegó ayer la Comisión Europea, entidad que valoró que, una vez realizado el anuncio de que el BCE comprará bonos de los países de la eurozona en problemas, ahora corresponde al Gobierno central decidir si ve necesario pedir ayuda al fondo de rescate de la UE para reducir sus costes de financiación y cuándo lo hace. El Ejecutivo comunitario no descartó incluso que el Eurogrupo exija a Madrid condiciones suplementarias a cambio de la asistencia.
«Corresponde a los Estados miembros y a sus Gobiernos decidir cuándo quieren enviar una solicitud a la Comisión y a los países de la unión monetaria para una posible asistencia financiera», sentenció el portavoz de Asuntos Económicos, Olivier Bailly, al ser preguntado si Bruselas aconseja al Gabinete popular acudir a esta vía.
«Son las naciones de la eurozona los que deben valorar la situación económica y su posición en los mercados. Corresponde al Gobierno nacional, como a cualquier otro Ejecutivo, decidir si ha llegado el momento, si tiene necesidad de presentar esta petición al Eurogrupo o a la Comisión», resaltó.
Por lo que se refiere a las condiciones que se podrían imponer a España a cambio de la ayuda, determinó que, a priori, ya están definidas en las recomendaciones que la UE aprobó el pasado junio.
Éstas se refieren tanto a la política presupuestaria -obligan a reducir el déficit hasta el 6,3% del PIB este año, el 4,5% en 2013 y el 2,8% en 2014-, como a las reformas estructurales, que incluían entre otras cosas la subida del IVA o la supresión de la deducción por vivienda.
«La Comisión cree que lo que se le puede pedir a un Estado miembro en materia de reformas estructurales, macroeconómicas, empleo, liberalización de la economía, apoyo a sectores, ya está en las recomendaciones», insistió el portavoz Bailly.
No obstante, el portavoz de la UE dejó claro que la decisión final corresponde a los países de la eurozona y no descartó que éstos decidan requisitos extra. «No puedo prejuzgar ahora cuál será la decisión de 16 Naciones cuando llegue una solicitud del país 17. Es un debate que corresponde a los miembros», apuntó.
En todo caso, el organismo que dirige José Manuel Durao Barroso consideró que la implicación del Fondo Monetario Internacional «no significa que habrá condiciones suplementarias», sino que tiene como objetivo ser una «garantía de la seriedad del proceso» y la continuidad de la troika (formada también por el Ejecutivo comunitario y el BCE), que ya ha actuado en los rescates de Grecia, Portugal e Irlanda.
Mientras, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, condicionó su apoyo a esta medida de financiación siempre que los ciudadanos no padezcan más subidas impositivas y sufran «esfuerzos adicionales».
Manos a la obra
«Lo que ha dicho Draghi es muy sencillo: Estoy dispuesto a actuar. Ahora, al Gobierno le toca mover ficha y tiene que ir a Bruselas y explicar que no podemos hacer más esfuerzos en direcciones equivocadas», declaró el socialista. No obstante, desde su punto de vista, «lo primero que hay que analizar es por qué estamos aquí, por qué hemos llegado a esto». A su juicio, «el Gobierno ha cometido muchos errores, algunos muy graves. Primero escondió un presupuesto, luego hizo uno que no creía nadie, tuvo que ajustarlo a la semana de haberlo aprobado», remachó.
«El resultado es que la confianza en nuestro país se ha quebrado. Cuando voy fuera, me paso el tiempo explicando que no es así, que somos un país que tiene dificultades, pero que somos una nación seria. Hay falta de confianza y los mercados no se fían. Hemos llegado aquí porque este Ejecutivo lo ha hecho muy mal», subrayó.
Preguntado sobre qué haría él en el caso de que el BCE le pidiera al Ejecutivo español que retocara las prestaciones por desempleo y las pensiones, Rubalcaba contestó que, en su opinión, «la entidad comunitaria no va a entrar en eso» y añadió que lo que la institución le ha dicho a los Gobiernos es: «Ustedes tienen que ponerse de acuerdo en las condiciones en las cuales yo puedo actuar».
Oposición germana
Las voces más críticas con la decisión que comunicó Mario Draghi llegaron desde Alemania, que no está de acuerdo en que se intervenga de esta manera en las economías de la eurozona.
«Las compras de bonos solo podrán llevarse a cabo si el país afectado se somete a duras condiciones para acometer reformas. Esto es un imperativo y una condición necesaria para que actuemos», declaró el representante alemán en el comité ejecutivo del instituto emisor, Jörg Asmussen.
Asimismo, el político germano del Banco Central rechazó el riesgo de que esta actuación relaje el control de las expectativas de inflación, puesto que estas compras serán completamente esterilizadas por la entidad: «Hacemos nuestra parte en política monetaria, perturbada a nivel de la zona euro, pero los gobiernos tienen que hacer su parte, en política fiscal y reformas».
