Desde que Mariano Rajoy llegó a la presidencia del Gobierno de España, a finales de 2011, cada viernes se presenta, tras el Consejo de Ministros, algún paquete de medidas que, invariablemente, tiene la misma pretensión, la reducción del gasto público.
El viernes 13 de julio se anunció un anteproyecto de lo que será la denominada “Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, una norma que persigue, según explicaron fuentes del Gobierno, una gestión más eficiente de la Administración Local que posibilite el ahorro de unos 3.500 millones de euros como consecuencia de la eliminación de duplicidades entre entidades públicas.
Entre las propuestas incluidas en dicho anteproyecto figura la supresión de todas las entidades locales menores existentes en el territorio nacional, un total de 3.725. De ellas, 18 se encuentran en la provincia de Segovia. Se trata de Arroyo de Cuéllar, Campo de Cuéllar, Chatún, Lovingos (en el municipio de Cuéllar), Vivar de Fuentidueña (Laguna Contreras), Bernuy de Coca (Santiuste de San Juan Bautista), Carbonero de Ahusín (Armuña), Cobos de Segovia (Sangarcía), Jemenuño, Paradinas, Villoslada y Tabladillo (Santa María de Nieva), Montuenga (Codorniz), Moraleja de Coca (Nava de la Asunción), Valdesimonte (Cantalejo), Siguero (Santa Tomé del Puerto), Revenga (Segovia) y Losana de Pirón (Torreiglesias).
Un sondeo realizado por esta Redacción revela que en la provincia de Segovia, el anteproyecto provoca un “rechazo absoluto” entre las entidades locales menores. “La oposición es total, no solo entre los alcaldes de izquierdas, también entre los del PP”, insistía ayer José Luis Cañas, regidor pedáneo de Revenga. A su juicio, la voluntad del Gobierno “ataca frontalmente la esencia de lo que es España”, pues agrede a los ayuntamientos, entidades de dilatada historia, a diferencia de diputaciones y comunidades autónomas, de más reciente creación. Además, Cañas sonríe cuando se le pregunta el ahorro que supondrá al Estado la supresión de las entidades locales menores. “¿Ahorro?. Los que dirigimos entidades de este tipo no cobramos un céntimo. ¡Al contrario!. ¡Nos toca poner de nuestro bolsillo!”, insistía Cañas, convencido de que “para el Estado es más barato que existan las entidades locales menores a que no existan”.
Lucas Aguado, alcalde que fue durante doce años de Montuenga, coincide punto por punto con Cañas. “¡Parece mentira!. Lo que menos gasto genera al Estado es lo que antes quieren hacer desaparecer”. Aguado cree que si el texto del anteproyecto llega a entrar en vigor supondrá “la muerte” para un buen número de pueblos pequeños de la provincia, pues pasarán a depender de localidades más grandes y eso, a medio plazo detraerá inversiones. “¿A dónde irá a parar el dinero?”, se pregunta Aguado. “Pues a los pueblos más grandes”, se responde él mismo.
Ese temor es generalizado. Aunque cada uno lo expresa a su manera. “El pez grande se comerá al pez chico”, augura Jesús María Pilar, alcalde pedáneo de Campo de Cuéllar.
En una hipotética absorción de las entidades locales menores por parte de los ayuntamientos más cercanos se producirían paradojas. Es el caso de Jemenuño, Paradinas, Villoslada y Tabladillo. Esos cuatro núcleos se vieron obligados, cuando lograron el estatus de entidades locales menores, a abonar su parte alícuota de la deuda que tenía el municipio de Santa María la Real de Nieva. Tabladillo, por ejemplo, debió pagar, en varias anualidades, un 7,5% de la deuda de Santa María. Ahora, el pueblo se ve en la tesitura de, si vuelve a depender de Santa María, pagar parte del déficit que sigue teniendo la villa. “Si liquidamos lo que nos correspondía, ¿vamos a tener que pagar otra vez?”, pregunta, indignado, el alcalde pedáneo de Tabladillo, Lorenzo Sanz, dispuesto a defender a capa y espada a las entidades locales menores.
“Si Tabladillo ha sido capaz de subsistir, sin problemas económicos, ¿por qué vamos a tener que desaparecer?”, continúa diciendo Sanz. “Es un atropello”, sentencia, antes de insistir que las cuatro entidades locales menores de Santa María “pagamos el sueldo del secretario y el administrativo”, sin que esos salarios repercutan en los gastos de la Administración.
Desde Campo de Cuéllar, Jesús María Pilar indica, en el mismo sentido que el alcalde pedáneo de Tabladillo, que su entidad local menor “es un ejemplo de optimización de los recursos”, pues comparte secretario y administrativo con otras entidades locales menores de la zona de Cuéllar.
Tampoco está de acuerdo con la eliminación de las entidades locales menores Juan José Sobrino, alcalde pedáneo de Moraleja de Coca. Su teoría se resume en una frase. “Si ya cuesta bastante trabajo llevar bien el pueblo estando aquí, imagínese el día que haya que dirigirlo desde fuera…”.
