La macrofiesta de Halloween celebrada el pasado jueves se cobró ayer su cuarta víctima mortal. La joven de 17 años ingresada en el Hospital 12 de Octubre tras el aplastamiento en el evento del Madrid Arena falleció ayer a primero hora de la mañana, en torno a las 08,50 horas. Por su parte, la Policía continúa investigando los hechos que provocaron la tragedia y el Ayuntamiento anunció una comisión de investigación.
La chica se encontraba en estado muy crítico, en cuidados intensivos, desde que ingresó en el centro médico tras la mortal avalancha. La otra joven herida, que se encuentra ingresada en la Fundación Jiménez Díaz, se mantiene también en estado crítico.
Ambas muchachas presentaron severos problemas derivados del aplastamiento. Y es que estuvieron durante varios minutos en parada cardiorrespiratoria, de la que los sanitarios del Samur pudieron reanimarlas.
Mientras, en las últimas horas, la Policía reveló un nuevo dato que puede arrojar luz sobre el funcionamiento del recinto donde se produjo la fiesta. En este sentido, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) presentará mañana en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, que investiga lo sucedido, un escrito de las Fuerzas de Seguridad fechado en 2006, según el cual, el recinto «carecía de licencia de funcionamiento».
Así, el secretario general de este organización de uniformados, José Manuel Sánchez Fornet, aseguró que «esa instalación no puede estar abierto en esas condiciones porque no cumple ni la Ley del Deporte de 1990 en cuanto a planes de evacuación y emergencia, ni la Ley de espectáculos deportivos de la Comunidad de Madrid del año 1997».
«Entendemos que no cuenta con los requisitos para estar abierto ni los ha cumplido nunca», añadió Fornet, quien acusa al Consistorio de Madrid de hacer una «interpretación torticera» de las leyes. Según dice el SUP, el Ayuntamiento apela a la ley de Suelo de 2008 para justificar que un edificio municipal no precisa de licencia de funcionamiento. «Sería curioso que un pabellón que funciona desde 2001 hubiera sido legalizado en 2008», responden desde el sindicato.
El origen de esta iniciativa del sindicato es un acta elaborada en diciembre de 2006 y en la que se advertía de que el citado pabellón «carecía de una licencia de funcionamiento».
El escrito está firmado por el funcionario de Policía designado entonces como coordinador de seguridad para la temporada 2006-2007 de Liga ACB de Baloncesto en el equipo MMT Estudiantes, que entonces disputaba sus partidos como local en el Madrid Arena.
Según relata el acta, con motivo del partido que enfrentaba al Estudiantes contra el Akasvayu el 2 de diciembre de 2006, este coordinador se interesó por conocer las medidas de seguridad que debía adoptar el recinto por lo que solicitó su licencia de funcionamiento a la entonces responsable de Madrid Espacios y Congresos, el organismo municipal que gestiona el pabellón .
El certificado explica que esta responsable le manifestó que «que no podía mostrarla puesto que el recinto carecía de licencia».
Este funcionario incluyó en su escrito que la ausencia de esta autorización podría constituir una infracción de la Ley del Deporte y una «infracción muy grave» de la Ley de Espectáculos Públicos de Madrid «siendo los órganos de esta última los competentes para la incoación, instrucción y resolución de estas infracciones».
El agente afirma que dio traslado de estas conclusiones a «los citados órganos» a efectos de que se iniciase el «procedimiento».
Por último el documento argumentaba que no se hubiese solicitado antes el permiso de funcionamiento porque «lleva funcionando más de cuatro años y en el mismo se habían celebrado multitud de espectáculos musicales, deportivos, exposiciones, exhibiciones artísticas y culturales con lo que resultaba impensable que estos eventos se estuvieran efectuando sin licencia municipal».
«Máxime cuando la propiedad, construcción, mantenimiento y explotación corresponde a una empresa de la misma Institución que otorga las licencias y el ejercicio de las funciones inspectoras de las mismas, es decir, el Ayuntamiento», sentenciaba el acto que será entregado al juez en un caso que ha provocado alarma social.
