El caso Malaya, hasta ahora la causa de corrupción municipal con más número de personas acusadas, cumple hoy seis años, desde el día en que se realizaron las primeras detenciones de algunos responsables del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), de empresarios y de abogados. El juicio llega a su recta final, ya que las previsiones que tiene la Sala encargada es que pueda quedar visto para sentencia antes de agosto.
El 29 de marzo de 2006, los agentes detuvieron a Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de esta supuesta trama de corrupción, que sigue en prisión y que se enfrenta a una petición de 30 años de cárcel; a la entonces alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; y a la exteniente de alcalde, Isabel García Marcos, entre otros. Sin embargo, el número de arrestados llegó al centenar en sucesivas fases de una instrucción que se ha prolongado más de tres años y que ha afectado a personajes públicos como Isabel Pantoja.
El núcleo de la investigación ha girado en torno a Roca, su patrimonio supuestamente ilícito, su poder en el Ayuntamiento y en decisiones no solo urbanísticas sino de otro signo, como la moción de censura contra Julián Muñoz. Pero, sobre todo, se ha analizado el dinero que supuestamente éste recibió de empresarios con intereses en la ciudad y los pagos que presuntamente realizó a los que entonces ocupaban cargos de responsabilidad en el Consistorio.
Esta operación llevó, por primera vez en la historia de la democracia en España, a la disolución de un Consistorio. El magistrado Miguel Ángel Torres fue el primer instructor del caso y el que decretó el procesamiento de los imputados. Luego fue relevado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y en la investigación por Óscar Pérez, que fue el que dictó una resolución en diciembre de 2009 con la conclusión del sumario.
El 27 de septiembre de 2010 es otra de las fechas importantes en este macroproceso. Un tribunal presidido por José Godino comenzó el juicio, con 95 acusados, ese día con las cuestiones previas presentadas por los letrados de los acusados, aunque el primero de los bloques estuvo dedicado a la operación urbanística Cruceros Banús, y las declaraciones no comenzaron hasta diciembre de 2012.
Hasta ahora, se han celebrado 149 sesiones de juicio y ya han declarado la mayoría de los procesados, algunos, como Roca, en varios de los bloques. Ya se han visto en el juicio, además de dicha operación, la estructura societaria supuestamente puesta al servicio del principal acusado por testaferros y abogados, y también el presunto blanqueo de dinero de éste a través de obras de arte, caballos, relojes, decoración o lotería.
El juicio se encuentra en la última parte, dedicada a esos pagos y cobros, en el que están acusados exediles de Marbella, la mayoría firmantes de la moción de censura presentada contra Julián Muñoz en 2003, y empresarios. Faltan por declarar seis acusados, según señalaron fuentes judiciales, aunque uno acaba de ser operado, por lo que la intención es comenzar el próximo martes día 27.
Las previsiones de la Sala son continuar durante los meses de abril y mayo con esta prueba, en la que cobra especial protagonismo los archivos informáticos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, que reflejan una supuesta contabilidad de Roca y que recoge esos presuntos pagos y cobros. Hay unas 400 personas, entre testigos y peritos, según las fuentes consultadas. Cuando concluya, se prevé dedicar más de un mes a los informes de las partes.
El Tribunal ha sugerido a las acusaciones y a las defensas que presenten esos informes finales por escrito, tanto para agilizar la exposición oral, ya que son muchas secciones las que tienen que intervenir, como para facilitar la labor de la Sala de cara a elaborar la sentencia. La intención es que el juicio termine antes de agosto.
Ha admitido haber recibido dinero de constructores, pero por asesorarles en diversos convenios o negocios en común, y no por adjudicarles resoluciones favorables o por silencio administrativo; y también ha reconocido haber dado miles de euros a los portavoces de los tres grupos políticos que formaban el equipo de Gobierno, por orden del exalcalde Jesús Gil, con el fin de mantener la cohesión y la unión del Ejecutivo local.
