El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, compareció ayer ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso para dar cuenta de las recomendaciones del Gobierno en materia de reforma de pensiones, proponiendo retrasar la jubilación anticipada a los 63 años y asumir que la compatibilidad entre el retiro laboral y el mantenimiento del trabajo sea un principio general del sistema.
En su intervención, Burgos señaló que uno de cada dos ciudadanos se jubilan de forma anticipada, por lo que el retraso progresivo hasta 2027 de la edad legal de retiro a los 67 años «no servirá de mucho» si se mantiene esa situación. «Incrementar la edad sin actuar sobre otros elementos hará que ese porcentaje (de jubilaciones anticipadas) se incremente en mucha mayor medida», avisó.
Para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Ejecutivo propuso «acotar» las dos modalidades de jubilación anticipada y fijar en los 63 años ese umbral, dejando en los 61 años a los trabajadores de empleos «penosos, peligrosos, tóxicos» y a los discapacitados. En esta línea, instó también a «reflexionar» sobre el retiro anticipado en el sector público.
A renglón seguido, Burgos afirmó que quienes más se acogen a la jubilación anticipada son las personas con salarios más altos, lo que les garantiza pensiones casi un 9% superiores a quienes cumplen toda la vida laboral. Esto impacta en el coste para la Seguridad Social, que entre 2005 y 2011 se incrementó un 87%, pasando de 101,6 a 189,9 millones este gasto. «Son costes excesivos, y lo serán mucho más en el futuro», pronosticó.
Por eso, el político defendió que no sean «directamente proporcionales al número de años de anticipo de la edad de jubilación, que solo sean aplicables a partir de un número de años cotizados, que se puedan reducir conforme aumenta ese período, pero que no haya saltos por pequeñas diferencias». Además, señaló que «el anticipo del retiro laboral debe calcularse sobre la edad legal» y sobre la base reguladora para no beneficiar a las más altas.
Con respecto a la jubilación parcial, explicó que «ha devenido en una fórmula específica de anticipo de situación sin penalización». «Una fórmula privilegiada con costes que recaen totalmente en la Seguridad Social», añadió.
Así, quienes se acojan a esta posibilidad «se ciñen a la jornada mínima exigida por la ley, que en muchos casos no cumplen de forma efectiva», y además cuentan con retribuciones medias un 17% superiores a las anticipadas y casi un 28% de las generales.
Dado que a juicio del PP la ley 27/2011 «no resulta suficiente» para corregir esta situación, el Ejecutivo propuso «adecuar la el acceso a la jubilación parcial de forma acompasada con la edad legal», modificar la jornada laboral obligatoria para que llegue hasta el 50% (en lugar del actual 27%), dar un tratamiento más flexible en casos de contrato indefinido a jornada completa, prolongar el contrato de relevo y establecer «cautelas» para evitar un uso «indebido», aumentar el período de cotización exigido a 33 años e incluso introducir coeficientes reductores
El Ejecutivo también planteó fomentar la «compatibilización» entre la pensión y el trabajo, con lo que el país seguirá la senda de otras naciones europeas cuyas tasas de ocupación de mayores quedan «muy lejos» de las españolas y «con buenos resultados»
Por su parte, los partidos de la oposición expresaron su rechazo a muchas de las propuestas planteadas por Burgos alegando que no es adecuado potenciar la compatibilización de pensión y trabajo con las actuales tasas de desempleo, que la normativa modificada no entra en vigor hasta el 1 de enero y que el Partido Popular debería haber devuelto la edad de jubilación a los 65 años por coherencia.
Las pensiones se revalorizarán en 2013.- El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, afirmó ayer que «el Ejecutivo no tiene que afirmar permanentemente que va a cumplir la ley» en materia de revalorización de las pensiones al IPC, y dejó entrever que esta previsión se incluirá en los Presupuestos de 2013 durante su tramitación en el Senado.
«Pedirle a un Gobierno que esté sistemáticamente afirmando que va a cumplir la ley es un ejercicio tan ocioso como inútil: la ley está para cumplirse. Han adoptado en las ultimas semanas una estrategia preventiva que tendrá que justificar. No inviertan la carga de la prueba», reprochó a la oposición.
Así, instó al resto de formaciones políticas a explicar su «utilización partidista» de las pensiones y «las razones que les mueven a esgrimir una y otra vez que no se va a cumplir la ley, dando incluso la impresión de que están casi apelando al incumplimiento aunque solo sea para tener un poco más de discurso en relación a este tema», reiteró.
