La Fiscalía Anticorrupción defiende que el lanzamiento y venta de las participaciones preferentes no constituye delito y que «no hubo un plan preconcebido» para su gestión y diseño. «Nos encontramos con un producto que, en sí mismo, no puede considerarse fraudulento y que, a la fecha de su comercialización, se encontraba autorizado y regulado por la CNMV», recuerda en cuatro escritos presentados ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
El Ministerio Público se ha opuesto así a que el magistrado investigue al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, y a cargos directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia por estafa en la gestión de este producto bancario.
Así, considera que «los hechos no son constitutivos de delito» y destaca que, en todo caso, «no puede atribuirse participación» a los querellados en el lanzamiento de dichas participaciones. «Resulta difícilmente sostenible la existencia de un plan preconcebido claramente orquestado por las entidades querelladas a las que habría que sumar, no se olvide, la práctica totalidad del sistema bancario y financiero español», asegura.
La Fiscalía agrega en sus escritos que «es consciente de la importancia del problema, que afecta a múltiples ciudadanos que, en toda España» y precisa que «el engaño» al que se sometió a los clientes minoristas de las entidades «se centra esencialmente en la forma de comercialización del producto».
Por ello, recomienda a los afectados que sigan para denunciar la vía civil que resulta -agrega- «más rápida y eficaz». «La obtención de reparación indemnizatoria adquiere un primer plano que desborda por completo la cuestión penal», dice, descartando la investigación penal de los hechos.
Los escritos califican la conducta atribuida a las entidades que conformaron el Grupo Bankia como «una mala práctica» e insiste en que el producto contaba con el control y la regulación de la CNMV. En este sentido, especifica que cuando el organismo regulador requirió expresamente a la entidad que adoptara las medidas necesarias para eliminar sus malas prácticas la entidad «acató inmediatamente» la orden.
«No encontramos elemento alguno que permita deducir que las entidades pretendían manipular los precios que debían establecerse en el canje de las operaciones, sino más bien que su actuación estuvo guiada por la finalidad de encontrar un sistema que diera salida a las ofertas y demandas que recibían», dicen los textos.
Anticorrupción defiende que la actuación de Bankia y las cajas que la conforman «era una práctica muy difundida, habitual si no generalizada, entre todas las entidades emisoras», y recuerda que muchos de los compradores de preferentes «lograron obtener una elevada rentabilidad».
Andreu, que ya investiga la fusión y salida a Bolsa de la financiera, recibió cuatro querellas contra los altos cargos de entidades bancarias que intervinieron en la comercialización de dichos productos financieros, la primera de ellas presentada por la formación Unión, Progreso y Democracia (UPyD) el pasado 15 de abril.
