Las ayudas máximas a la dependencia subirán un 20 por ciento en Castilla y León, comunidad donde se reequilibrarán los copagos entre los ámbitos público y privado con el objetivo de mantener el sistema existente en la Comunidad. Así se recoge en una declaración rubricada ayer por la consejera de Familia, Milagros Marcos, y los representantes de CCOO, UGT y Cecale, integrantes del Diálogo Social, en la que se ratifica el compromiso con la dependencia ante las nuevas medidas establecidas por el real decreto del Gobierno central.
Este incremento, que beneficiará fundamentalmente a aquellas personas con menor capacidad económica, tiene como objetivo que la cuantía de la prestación económica vinculada al servicio sea suficiente para que, unida al copago que pudiera corresponder a la capacidad económica del beneficiario, permita a éste acceder a los servicios con «calidad».
Con esta declaración los firmantes acordaron que, entre las «medidas urgentes» que se adopten por parte de la Comunidad, se garantice a las personas dependientes un servicio profesional «adecuado a sus necesidades». Los firmantes convinieron también que se adaptará el actual copago de la prestación económica vinculada al servicio para hacerlo coherente con los criterios de copago de los servicios públicos.
Además, si como consecuencia de las medidas que deba adoptar la Comunidad en relación a la prestación de cuidados informales hubiera personas que deseasen cambiar de prestación, se les «garantizará el acceso inmediato a un servicio profesional adecuado a sus necesidades de dependencia».
Por último, se acordó que durante los próximos tres meses se abordarán «con mayor nivel de concreción» los términos establecidos en esta declaración con el fin de «consolidar el modelo de atención a la dependencia que hasta ahora ha caracterizado a Castilla y León y que la ha posicionado en el primer puesto a nivel nacional, tanto en aplicación como en el desarrollo de la atención a las personas en situación de Dependencia», añadió Milagros Marcos.
Soledad Trigueros, de UGT, puntualizó que esta declaración servirá para «reducir el impacto tan negativo» de la reforma del Gobierno central. Bernarda García, de CCOO, recalcó que el acuerdo «salvará el sistema» con «medidas urgentes». Por último, Benjamín Hernantes, de Cecale, agradeció a la Junta el «esfuerzo» y recalcó que «las rentas más bajas» serán las «más beneficiadas».
El PSOE denuncia recortes
El portavoz de Familia del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Félix Alonso, denunció ayer una estrategia llevada a cabo por la Junta para «recortar» en la ley de la Dependencia «sin que se note». Así lo señaló el socialista en una rueda de prensa en la que pidió al Ejecutivo autonómico que explique de dónde va a sacar el dinero para financiar esta prestación.
En este sentido, Alonso subrayó que Castilla y León no ha recibido los 22 millones de euros que le corresponden del Gobierno para esta materia y a mayores dejará de percibir otros 13 millones con las medidas planteadas por el Gobierno central. En este contexto, el socialista recordó que «al final serán las familias las que tengan que pagar» este servicio. Según sus cálculo en Castilla y León la eliminación de la cuota de la Seguridad Social para los cuidadores familiares afectará a en torno 11.000 personas y la reducción en el 15 por ciento de las prestaciones a un total de 25.000.
