La Junta inyectará el 60 por ciento de los 125 millones de euros del Plan de Convergencia Interior, recogidos en el presupuesto autonómico de 2009, es decir 72,5 millones, a la contratación por parte de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de personas que están en el paro y no cuentan con ningún tipo de subsidio, requisito, junto al de llevar como mínimo dos años empadronados aquí, por el que se estima que se pueden beneficiar entre 14.000 y 15.000 personas en la Comunidad.
PP y PSOE presentaron ayer el primer gran acuerdo del pacto de seis materias que negocian desde el mes de marzo para paliar los efectos de la crisis en Castilla y León, negociación que ha contado con la participación de la titular de Hacienda, Pilar del Olmo, como responsable de llevar al Consejo de Gobierno el proyecto de ley o decreto ley -tramitación que está aun por determinar- que materialice el reparto de este dinero.
El acuerdo se estructura en tres partes: línea para que los ayuntamientos puedan pagar facturas pendientes con proveedores, contratistas u otros; contratación de personas desempleadas que no cuentan con ninguna prestación y realización de obras en los municipios también por trabajadores en paro y sin subsidio.
En cuanto a los sectores, se primará el forestal y medio ambiental -trabajos de limpieza en montes-, turístico, patrimonio artístico, servicios comunitarios o tareas de interés social.
Así, 112,5 millones, el 90 por ciento de los 125 millones del total, se repartirán entre los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son todos excepto las nueve capitales, Ponferrada, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Medina del Campo, San Andrés del Rabanedo y Laguna de Duero, en función de la población de hecho a enero de 2008 y el número de desempleados sin prestación. El resto, el diez por ciento, un total de 12,5 millones, serán gestionados por las diputaciones provinciales.
En estas localidades reside 1.255.779 personas y el número de parados asciende a 73.410; de estos, según las estimaciones de la Junta, los ayuntamientos podrán contratar entre 14.000 o 15.000 personas, bajo el requisito de estar en paro, no recibir prestación alguna y llevar dos años empadronados en Castilla y León, medida que se recoge para evitar el ‘efecto llamada’ de otras comunidades.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró que la Junta aprobará con la mayor brevedad el texto que dé origen a la ley para su desarrollo, de manera que en el plazo de un mes esté lista y pueda ser efectiva para los ayuntamientos, que serán los encargados de presentar los proyectos y contratar a las personas.
Tanto el popular Carlos Fernández Carriedo como el socialista Pedro José Muñoz destacaron la importancia de este acuerdo porque está centrado en las personas que más necesitan el dinero. Así, Muñoz destacó que los trabajos en los montes conllevan una mano de obra importante y también mantienen la población en las zonas rurales.
Por su parte, Fernández Carriedo resaltó que las actuaciones previstas van a la «raíz» del problema al contratar a parados de larga duración y sin prestación económica, incide en la convergencia por concentrarse el reparto en municipios de menos de 20.000 habitantes, se da cabida a las diputaciones, se remarca el problema del paro y se recoge un acuerdo que será la base de la legislación que aprueben Junta y Cortes.
Muñoz subrayó la necesidad de que ambos grupos, una vez acordado el reparto de la asignación recogida en los presupuestos de 2009, trabajen para aprobar el modelo de convergencia de Castilla y León, trabajo al que se sumó el portavoz popular, mientras que la titular de Hacienda recordó la importancia de que el Gobierno central cofinancie el Plan Plurianual de Convergencia, que está recogido en el Estatuto de Autonomía.
También Fernández Carriedo y Muñoz defendieron que un diez por ciento de los fondos lo gestionen las diputaciones, como instituciones que representan a pequeños ayuntamientos y desarrollan proyectos supramunicipales.
El representante socialista se decantó por que los ayuntamientos seleccionen a los parados de larga duración y realicen contratos al mayor número posible, bajo la referencia de los desempleados al mes de febrero de 2009, aunque en la normativa se puede recoger la cifra de marzo e incluso abril, según afirmó la consejera Del Olmo.
Precisamente, la titular de Hacienda manifestó que entre 14.000 o 15.000 personas se podrían beneficiar de estos contratos, si bien en una estimación global el número de personas en Castilla y León que no percibe ninguna prestación pueden rozar las 70.000, aunque en esa cifra también están incluidos algunos desempleados estructurales. En este punto, Muñoz precisó que esos ayuntamientos van a recibir 100 euros por habitante (cada habitante puntúa como uno y cada parado como cinco).
