El Ministerio de Sanidad y las comunidades aprobaron ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) la cuantía definitiva que tendrán que pagar los inmigrantes ilegales en España por recibir asistencia sanitaria. Esa cuota varía entre los 710,4 euros anuales para los menores de 65 años y de 1.864,8 euros para los mayores de esa edad.
El Gobierno dio así luz verde a los convenios especiales para que aquellos ciudadanos que no tienen derecho a tarjeta sanitaria, como los inmigrantes irregulares, puedan ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El convenio, sin embargo, no incluye el copago de los medicamentos.
«Es una cifra razonable y equitativa», reconoció el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, en una rueda de prensa posterior a la reunión, que estuvo presidida por la ministra del ramo Ana Mato, aunque, a diferencia de otras ocasiones, no realizó declaraciones a su finalización.
No obstante, el político manchego y responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP también recordó que lo acordado en el Consejo es una cuantía mínima que las comunidades podrán aumentar si así lo deciden.
Igualmente, Echániz quiso dejar claro que el acuerdo les da derecho a acceder a todas las prestaciones de la cartera básica de servicios, pero no a los fármacos. Por tanto, en caso de necesitarlos, deberán abonar la totalidad del importe y ni siquiera tendrán derecho a un sistema de copago como los titulares nacionales.
Además de a los inmigrantes irregulares, los convenios están dirigidos a españoles que nunca hayan trabajado y tengan ingresos superiores a los 100.000 euros anuales y a los europeos y ciudadanos de terceros países que quieran suscribirlos durante su estancia en España para ser atendidos.
No obstante, Echániz explicó que se han establecido los mecanismos para evitar que el acuerdo suponga «un efecto llamada».
Para ello, establece un sistema de identificación clínica de los casos especiales, con garantía de asistencia sanitaria pública, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.
Además, el consejero manchego también aseguró que las comunidades gobernadas por el Partido Popular mantendrán las mamografías dentro de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS). El popular confirmó que estas pruebas clínicas «no se van a revisar ni van a desaparecer como mecanismos de prevención del cáncer de mama», subrayó el político.
