El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado intervenir judicialmente Bankia y su matriz BFA, como le solicitaban los dos querellantes personados en la causa abierta por irregularidades en la gestión de la entidad, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y el colectivo 15-M.
En un auto dado a conocer este lunes, el magistrado afirma que la intervención no se justifica para prevenir la continuidad delictiva puesto que la actual administración de Bankia «es completamente distinta a la que se encontraba al frente de la entidad cuando se cometieron los hechos objeto de la investigación».
Añade que Bankia es, de facto, una entidad intervenida por el Estado a través de una entidad de derecho público como es el Fondo de Ordenación y Reestructuración Bancaria (FROB).
La sustitución de los administradores actuales de Bankia y su matriz Banco Financiero de Ahorros (BFA), miembro del servicio jurídico de la entidad desde mayo de 2002, se debería acordar sólo si es adecuada para superar una situación de peligro y es «estrictamente necesaria» para impedir la continuidad de la actuación delictiva, circunstancias que no concurren en el presente caso, según el juez.
Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 explica en su auto que el único fin legítimo que pudiera justificar la medida solicitada sería el de evitar la continuidad delictiva, en protección de los trabajadores y de los acreedores.
En este sentido, pone de relieve una «circunstancia de enorme trascendencia», como es que ninguna de las personas físicas querelladas se encuentre en la actualidad en puestos directivos de la entidad. Por ello, remarca que «difícílmente» puede entenderse que exista peligro de que la mercantil puede seguir cometiendo los hechos denunciados y añade que el grupo ya se encuentra intervenido por el Estado.
El juez Andreu se alínea así con la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso el pasado miércoles al advertir de que esta medida «temeraria» pondría en riesgo a la economía nacional. El Ministerio Público defendió, además, que ninguno de los dos querellantes gozaba de legitimidad para pedir una medida de este tipo.
Los querellantes denunciaban la falsedad de los ratios de solvencia, los recursos y los resultados empresariales presentados por la entidad, que pasó de anunciar 320 millones de beneficios a anunciar unas pérdidas de 4.369 millones de euros.
Andreu instruye, por el momento, dos querellas admitidas a trámite contra Bankia y el BFA y 33 exconsejeros, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto, el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia José Luis Olivas, el exministro del Interior Ángel Acebes o el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández.
