El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada contra los responsables y exdirigentes de Bankia y ha decidido imputar a un total de 33 miembros de los últimos consejos de administración de la entidad y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), entre los que figura el todavía presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, en su calidad de consejero de Bankia, junto a Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Ángel Acebes y Francisco Verdú. Este último presentó ayer mismo su renuncia al cargo como consejero delegado.
El magistrado les imputa delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar precio cosas y apropiación, aunque a lo largo de la instrucción se concretarán los delitos que se atribuyen a cada uno de los imputados. El juez destaca en el auto dictado ayer que la presunta estafa de Bankia podría haber producido «una grave repercusión en la economía nacional, así como un perjuicio a una generalidad de personas», ya que la entidad bancaria tiene «suma relevancia en el sistema financiero español, al tratarse del cuarto banco más grande de España en volumen de activos, con más de once millones de clientes».
Andreu, en concreto, ha admitido a trámite la querella interpuesta por UPyD. También han presentado querella contra Bankia, aunque no se han admitido aún a trámite, Manos Limpias y el movimiento 15-M. La Fiscalía Anticorrupción presentó este martes el informe en el que pidió al juez Andreu que admitiese a trámite la querella. Anticorrupción, que inicio su propia investigación contra Bankia el pasado 11 de mayo, ha puesto a disposición del magistrado la documentación que en su día requirió al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la auditora Deloitte.
La querella de UPyD, presentada el pasado 11 de junio, pide a la Audiencia Nacional que decrete de forma cautelar la intervención judicial de la entidad para «proteger los derechos de los trabajadores y de los acreedores» y para evitar la destrucción de pruebas. El magistrado ha decidido convocar una comparecencia para estudiar el caso y determinar si interviene la entidad.
Andreu destaca en el auto hecho público ayer que Bankia, que salió a bolsa el 20 de julio de 2011, pasó «en unos días de unos beneficios declarados de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones de euros, lo que ha exigido una próxima e importante aportación de capital público para el saneamiento de su balance».
Señala en este sentido que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) tuvo que inyectar en la entidad «hasta 4.465 millones de euros de dinero público» y que los dirigentes de Bankia han tenido que solicitar 19.000 millones de euros adicionales «para poder acometer un plan de saneamiento y de recapitalización».
«El coste inicial para el erario público por el saneamiento y capitalización del grupo BFA-Bankia ascendería, por lo tanto, en esta hipótesis, a la suma de 23.465 millones de euros, lo que supone, sin duda, un grave perjuicio a la economía nacional», señala el auto judicial.
Andreu también quiere investigar los créditos concedidos a los partidos políticos. Requiere en este sentido a las seis cajas de ahorro que formaron la entidad la documentación relativa a todos los créditos concedidos «a los partidos o grupos políticos que tengan representación en las corporaciones locales y asambleas legislativas autonómicas». Pide asimismo la documentación de los créditos concedidos a los directivos de las entidades y a sus familiares.
Por último, solicita el sueldo percibido por los directivos así como las cláusulas de garantía o blindaje y los planes de prejubilaciones o de pensiones.
