La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado de que unas 305.000 personas con derecho reconocido a recibir atención por estar en situación de dependencia están sin atender en España y eso, aunque en el año 2011 la mortalidad redujo la cifra de beneficiarios en 60.000 personas, unas vacantes que no se han cubierto.
En un informe, la organización indica que de estas 305.000 personas que precisan a una ayuda o servicio, más de la mitad (166.413) son grandes dependientes (Grado I, Nivel 2), es decir, los que se encuentran en una situación más delicada. A estos ciudadanos, que suponen el 28,9 por ciento del total de dependientes reconocidos, no les afecta el retraso en la aplicación de la norma aprobada por el Gobierno, ya que está pensada para posponer la incorporación al sistema de quienes tienen un menor grado de dependencia ajena, los minusvalidos moderados.
El documento explica que, en paralelo, «el promedio mensual de incremento de atenciones de 2011 fue de 6.649 -tres veces menos que la de cursos anteriores- y la tendencia desde mayo del pasado año ha sido decreciente».
En este sentido, destaca que en algunas comunidades autónomas la variación fue negativa, ya que salen (porque fallecen) más discapacitados del sistema de los que se incorporan. En el año 2011, el balance se saldó con 60.000 minusválidos severos atendidos menos.
Por regiones, los datos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia actualizados a 1 de enero revelan que en Canarias el 56 por ciento de las personas se encuentran en esta situación de «limbo»: son más de 10.000 usuarios con derecho reconocido oficialmente a recibir atención pero sin que ésta se haga efectiva.
En Galicia, el porcentaje es del 44,3 por ciento y afecta a 27.977 habitantes, mientras que en la Comunidad Valenciana el 41 de cada 100 se encuentra en esta situación, es decir, un total de 29.754 ciudadanos sin atender. También están cinco puntos por encima de la media nacional Aragón, Baleares y Cataluña.
Sin embargo, hay regiones que sí cumplen con las previsiones de la normativa: en Castilla y León solo un ocho por ciento del colectivo está sin atender, igual que en Ceuta y Melilla.
«O se comienza a considerar los servicios sociales y la dependencia como inversión social, que, además de generar calidad de vida y bienestar de las personas y familias más vulnerables, provoca unos retornos económicos y generación de empleo, o se va a convertir en un gasto que alguien vendrá a recortar», advirtió el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez.
Por su parte, el máximo responsable del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad, Luis Cayo, indicó que la discapacidad es una «realidad que está presente», y reivindicó que la Ley de Autonomía Personal no es suficiente, pues, en el «mejor de los casos», si se cumple con el desarrollo de la misma, en 2015 solo se atendería al 20 por ciento de las personas con discapacidad. Por todo ello, solicitó un «cambio social» para que los minusválidos «tomen conciencia» de su dignidad y derechos y sean ellos mismos «los agentes de su propia inclusión».
