La Asociación Empresa Familiar de Castilla y León ha diseñado una batería de medidas para salir de la crisis que incluyen la posibilidad de crear un fondo de capital riesgo para canalizar el ahorro de los ciudadanos de la Comunidad hacia proyectos e iniciativas empresariales impulsados o radicados en la autonomía. Además, propone que determinadas competencias sobre sanidad o educación deben «retrotraerse» al Estado y equilibrar los recursos destinados al Estado de Bienestar y a políticas de desarrollo futuro.
Estas medidas fueron presentadas ayer por el presidente de la Asociación, Gerardo Gutiérrez, quien indicó que estas propuestas serán enviadas a distintas consejerías de la Junta, con quien aseguró mantienen un nivel de interlocución «bueno». Además, precisó que no se debe pensar que el sistema bancario es el único culpable de la situación económica y aseguró que la crisis está provocada por la falta de competitividad de las empresas.
Por tanto, defendió la conveniencia de facilitar la financiación al mundo empresarial a través de la vía del capital riesgo o mediante líneas de apoyo al acceso a mercados alternativos bursátiles. Así, se sumó a la idea que el consejero de Economía, Tomás Villanueva, se comprometió a estudiar. Sostuvo que no sólo se debe captar el ahorro de empresas familiares, sino también de los ciudadanos, que al modificarse las estructuras de cajas de Castilla y León, tiene su dinero invertido en proyectos a los que le «conocen la cara».
Al respecto, Gutiérrez indicó que la Junta debería «vehicular» la labor de información y promoción a emprendedoras para que el ahorro se dedique a proyectos de la Comunidad. También, apostó por potenciar la Sociedad de Capital Riesgo Iberaval y por culminar el plan de pago a proveedores para reducir la morosidad.
Asimismo, Gutiérrez dejó claro que la asociación apoya las reformas estructurales que se están acometiendo, como la reforma laboral. Por ello, insistió en la necesidad de que se logre un acuerdo político y económico a largo plazo, para unos 25 años, que sirva para modernizar el país, lo que conllevará a su juicio una reforma constitucional. De esta forma, se sumó a la tesis del presidente Herrera, quien también ha defendido una reforma de la Carta Magna para reforzar los vínculos entre autonomías y Estado. No obstante, reconoció que esta propuesta es un guante que lanzan a una esfera donde no tiene tanta «capacidad de influencia». En su opinión, es necesario que se aclaren las competencias de cada administración para conseguir una salida de la crisis «más ágil y justa».
