Ecuador ha anunciado su decisión de conceder asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, por considerar que si es extraditado «no tendría un juicio justo» y podría ser víctima de un «trato cruel o degradante» y condenado a cadena perpetua o la pena de muerte.
La respuesta la ha dado a conocer el ministro ecuatoriano de Exteriores, Ricardo Patiño, en una rueda de prensa en la que ha explicado que, tras una exhaustiva evaluación, han concluido que los argumentos expuestos «dan sustento a los temores» de Assange.
Ecuador respalda de esta manera la tesis de Assange, quien asegura que es «víctima de una persecución en varios países por publicar la verdad y con ello desenmascarar las violaciones a los Derechos Humanos», por tanto, puede Quito aseverar que se encuentra «en una situación de peligro inminente».
Assange se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el pasado 19 de junio y desde allí contrató los servicios del juez Baltasar Garzón para su representación legal . Las autoridades suecas han pedido a Reino Unido su extradición para que se enfrente a varios cargos por abuso sexual contra dos mujeres, versión que rechaza el acusado que ha denunciado represalias por parte de Estados Unidos por revelar cientos de miles de documentos secretos sobre las guerras en Irak y Afganistán y del Departamento de Estado.
En su exposición de motivos, Patiño ha alertado de que en el caso de Assange «existen serios indicios de represalias», además «existe la certeza de que es factible la extradición a un tercer país fuera de la Unión Europea», como por ejemplo Estados Unidos.
Patiño ha dejado claro que Assange «debe responder por la investigación abierta en Suecia», sin embargo, denuncia que ese país «ha tenido una actitud contradictoria» con respecto a la defensa que se le debería proporcionar al acusado y otros asuntos relacionados con el proceso judicial.
Así, el ministro ha revelado que durante el análisis de la solicitud de asilo, las autoridades ecuatorianas sostuvieron «conversaciones de alto nivel» con representantes de los gobiernos de Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, pero que en ningún caso se mostraron accesibles ni con intención de dialogar.
«No tiene ningún sentido suponer que esto implique un rompimiento de relaciones», ha destacado Patiño, al aclarar se que tomarán las medidas pertinentes una vez que conozcan la respuesta oficial de Londres, aunque ha explicado que en caso de que se produzca una negativa se podría recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).