La Junta potenciará la captación de proyectos industriales de carácter estratégico con un régimen legislativo específico, que avanza en la eliminación de barreras administrativas. El nuevo marco allana el camino de la implantación o ampliación de las instalaciones y garantiza la concesión de ayudas o incentivos públicos. El objetivo de esta iniciativa es atraer nuevas actividades industriales a la Comunidad y mejorar la competitividad de las empresas.
Para ello, la Consejería de Economía y Empleo ha elaborado el anteproyecto de ley de Industria de Castilla y León. Esta norma continúa con el proceso de liberalización iniciado hace años por las administraciones, de acuerdo a la Directiva Europea de Servicios. De esta forma, el departamento de Tomás Villanueva ha diseñado una nueva política que persigue la creación de nuevas industrias y la ampliación de las existentes a través de dos regímenes diferenciados, uno de referencia general y otro específico para proyectos prioritarios.
De esta forma, la nueva ley, que prepara el Gobierno autonómico, pondrá el acento en atraernuevas iniciativas industriales, que si son declaradas prioritarias se beneficiarán de un marco regulatorio que simplifica trámites y garantiza los apoyos públicos. Para ello, la iniciativa privada deberá justificar la consideración de interés público para recibir un tratamiento preferente, que deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno de la Junta.
Así, el Ejecutivo castellano y leonés permitirá a estas iniciativas empresariales conseguir de forma automática la autorización para implantarse o ampliar las instalaciones, sin necesidad de una solicitud posterior. También, se aprobará la expropiación de terrenos en favor del promotor industrial o se le otorgará la declaración de utilidad pública e interés social.
En este sentido, la Junta permitirá, con la declaración de proyecto prioritario, el establecimiento o la ampliación de servidumbres de paso, tanto para vías de acceso, como para líneas de transporte y distribución de energía, aunque de acuerdo a la normativa que los regule. Además, el Gobierno autonómico garantiza la concesión de subvenciones, sin perjuicio de los requisitos de la normativa sobre ayudas públicas.
El resto de proyectos industriales, que no sean considerados como estratégicos, necesitará autorización administración, cuando la normativa vigente lo exija para evitar riesgos para las personas o el medio ambiente. En general, serán permisos no reglados y de duración indefinida.
Además, la norma recoge la posibilidad de incentivar, mediante ventajas fiscales o preferencia en la contratación pública o las ayudas públicas, el mantenimiento del empleo, la protección del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos y la promoción permanente de la igualdad entre hombres y mujeres.
