Paliar el déficit de vivienda protegida que padece Segovia es el objetivo del Proyecto Regional Las Lastras-Estación que impulsa la Junta de Castilla y León para permitir la construcción de casi 600 viviendas —un total de 576— en la ciudad.
En sintonía con las líneas maestras de ordenación que contempla el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Segovia, tanto para la zona de Las Lastras como de los terrenos que rodean a la vieja estación de ferrocarril, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ya ha aprobado la licitación, con una gasto de 300.000 euros, de este Proyecto Regional, una figura que permite acelerar la urbanización de espacios en aras al interés público.
El primer avance de este Proyecto Regional, que se desarrollará al amparo de la Ley de Ordenación del Territorio, especifica que el objetivo de la intervención es generar suelo urbanizado adscrito al Patrimonio de Suelo de Castilla y León para que las entidades públicas y privadas puedan acometer la construcción de viviendas con protección pública en estas dos bolsas de suelo.
Así se recoge, literalmente, en la resolución de la Delegación Territorial de la Junta, adoptada el 12 de febrero y publicada en el BOCyL, el 23 de febrero, que ha considerado que no es necesario someter el Plan Regional Las Lastras-Estación a una evaluación de impacto ambiental para permitir los planes de urbanización de los espacios de la Consejería de Fomento.
Las dos zonas suman una superficie total de 352.570 metros cuadrados de suelos urbanos no consolidados; con una edificabilidad máxima de 77.485 metros cuadrados, capaces de albergar un total de 576 viviendas, en diferentes tipologías, desde bloques hasta unifamiliares.
La zona de Las Lastras —coronada por un espacio de suelo no urbanizable, amparado por los decretos de protección de vistas de la ciudad— bordea el casco urbano a lo largo de casi un kilómetro y medio, desde la altura de la estación de ferrocarril hasta la zona del Velódromo, en paralelo, y a una cota superior, a la calle Obispo Quesada y la vía de Conde Sepúlveda y la avenida de Ezequiel González, que integran el conocido popularmente como «Paseo Nuevo». La superficie total de este sector asciende a 229.552 metros cuadrados, con una edificabilidad máxima de 35.345 metros cuadrados, contemplando la construcción de 322 viviendas «con uso predominantemente residencial colectiva».
La Junta sostiene que «se trata de un borde visible desde el recinto amurallado que constituirá el límite de crecimiento de Segovia, por lo que se propone la creación de un gran parque forestal de remate visual que ordene el borde de la ciudad».
A este respecto, el avance del Proyecto Regional prevé en la coronación de la zona la creación de un parque rural de 19 hectáreas que «servirá de conexión entre el suelo rústico de arriba amparado por el decreto de protección de vistas y el futuro suelo urbano donde se levantarán las viviendas», según explicó, en declaraciones a este diario, el jefe de la sección de Urbanismo del Servicio Territorial de Fomento, Ángel Beloqui.
El arquitecto de la administración regional explicó que todas las edificaciones situadas actualmente en el borde de Las Lastras se construyeron en su mayoría en las décadas de los 60 y 70; viviendas «frente a grandes desniveles, castigadas cara a la pared de roca, y calles que terminan en terraplenes». «Es un borde de ciudad que no está bien cerrado y que hay que ordenar», indicó Beloqui, quien precisó que más del 80 por ciento de los terrenos de la zona de Las Lastras son propiedad de la Junta de Castilla y León.
En cuanto a la zona de la antigua estación de ferrocarril, la superficie que contempla el Proyecto Regional para este sector asciende a 123.018 metros cuadrados, con una edificabilidad máxima de 42.240 metros cuadrados. Se contempla un máximo de 224 viviendas y la creación de espacios de oficinas, todo ello enmarcado en un espacio verde en el que se mezclan todo tipo de usos.
Beloqui explicó que la idea pasa por mantener la actual estación de ferrocarril y que, en consecuencia, continúen los servicios de trenes de cercanías; y ordenar urbanísticamente todos los espacios que circundan la línea férrea y que son espacios vacantes de edificación y actualmente muy degradados. «Esta estación divide dos partes de la ciudad, como son el Polígono de El Cerro y la parte baja residencial (…) la idea es interconexionar estas dos zonas que están muy degradadas».
El avance indica que el sector de la Estación «separa dos barrios, por lo que se propone un uso ferroviario ligado al transporte comarcal compatible con un nuevo concepto de la zona que interconecte los citados barrios, mejore el acceso a la ciudad desde la carretera de San Rafael y resuelva los trazados viarios del sur de la ciudad, creando fachadas donde hoy hay traseras».
En este caso, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es propietario mayoritario de los terrenos y el resto pertenece a particulares.
Beloqui advirtió que un Proyecto Regional exige una tramitación lenta y concienzuda y la necesidad de que la Junta y el Ayuntamiento de Segovia alcancen un acuerdo para impulsar la intervención. «La Junta tiene su propio suelo y puede obtenerlo aplicando la normativa urbanística (…) cuando se constituyan las Juntas de Compensación si hay propietarios que no quieren adherirse a ella, la administración regional podrá acudir a la vía de la expropiación», dijo.
En todo caso, el arquitecto regional calculó que hasta dentro de uno seis años no podrán comenzar a levantarse las primeras viviendas en ambos sectores. Según explicó, redactado el Proyecto Regional, y tras recibir el informe favorable del Consejo de Urbanismo de Castilla y León, el consejero de Fomento podría aprobar el documento en el plazo de un año. Los trámites de gestión urbanística se prolongarían otros dos años y otros tres la urbanización de los espacios, con lo que, en su opinión, las primeras edificaciones podrían comenzar a construirse en un plazo de entre seis u ocho años.
La Junta podrá optar por construir sus propias promociones o enajenar el suelo que sea de su propiedad a través de un concurso, para que sean cooperativas las que construyan las viviendas.
Para afrontar los gastos de urbanización de los terrenos, será preciso dejar un porcentaje del suelo para vivienda libre. En opinión de Beloqui, lo razonable es que al menos el 50% de las viviendas que se construyan sean protegidas.
