La desprotección social de aquellas personas que han agotado su prestación por desempleo y siguen sin encontrar ocupación es una de las consecuencias más trágicas de la crisis económica y uno de los asuntos a los que el Gobierno debería encontrar solución, aunque lo que ha hecho es reclamar la cooperación económica de las comunidades autónomas, algunas de las cuales -como Castilla-La Mancha, que ha anunciado que contratará seis meses a los ciudadanos sin subsidio- pondrán en marcha sus propias iniciativas. Precisamente ayer, el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, tradujo en datos concretos la magnitud del problema al cifrar en más de 300.000 el total de quienes ya no cobran dinero público y se encuentran sin ayuda alguna, un número que, sostuvo, seguirá aumentando si perdura la situación de recesión.
Al hilo de este dato, y como ya hiciera el martes, Corbacho instó a las regiones, que tienen la competencia exclusiva de las políticas activas, a que amplíen las rentas de protección social con el objetivo de otorgar algún tipo de cobertura a estas personas.
El ministro hizo estas consideraciones tras inaugurar un taller preparatorio de la Cumbre Europea sobre Empleo, donde también descartó acometer desde la Administración central una ampliación de la prestación por desempleo por cuestiones presupuestarias y reiteró que ya se han destinado más de 10.000 millones de euros adicionales este año para hacer frente a dichos subsidios.
Por ese motivo, Corbacho insitió en la necesidad de que las comunidades autónomas y el Estado hagan un esfuerzo de cooperación mientras dure la crisis, y citó a Cataluña y Madrid como casos en los que ya se ha legislado el acceso a las rentas de inserción social.
Además, el responsable de Trabajo aseveró que «el diálogo social no va a resolver las crisis económicas y financieras», sino que deben ser todos los Gobiernos los que actúen de forma conjunta para salir de esta coyuntura.
Corbacho reiteró que el diálogo social está funcionando y mostró su «plena confianza» en el proceso porque así se lo han manifestado sindicatos y patronal. En las próximas semanas se espera que la comisión de seguimiento tenga una reunión ordinaria para seguir discutiendo los temas acordados el 29 de enero y que forman parte de la agenda de trabajo, detalló.
La prioridad en estos momentos -indicó Corbacho- es impulsar la liquidez de las empresas con el fin de que se reactive la actividad.
Sobre paro y diálogo social habló ayer la flamante vicepresidenta económica, Elena Salgado, con los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CCOO, Ignacio Fernández Toxo, con quienes se reunió por separado. El primero de ellos reclamó a Salgado que se amplíe la protección por desempleo y que se impulse el sector de la construcción, aunque dirigido a la obra pública y a la vivienda protegida. Méndez señaló que su primera cita con la nueva responsable de Economía fue «fructífera, positiva y profunda», y en ella encontró «receptividad» y una «alta coincidencia» sobre los objetivos ante la crisis a corto y medio plazo.
Entre las herramientas para evitar la pérdida de puestos de trabajo, el líder de UGT destacó la de dar un impulso a los sectores de la construcción y la ingeniería civil. Para ello, consideró que hay que «rescatar» ambas actividades «de la construcción de vivienda con fines especulativos».
Por su parte, Fernández Toxo instó a mejorar los salarios dentro de los convenios colectivos para evitar que se «deprima todavía más» el consumo, factor que, a su juicio, está detrás del descenso interanual del 0,1% del IPC en marzo.
