El mismo día en que el consejero del Interior del Gobierno vasco, Javier Ares, se reunía con dirigentes de Eusko Alkartasuna para preguntarles por el supuesto pacto mediante el que cederían a los proetarras varios huecos en sus candidaturas electorales, el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa, dejaba bastante claras cuáles son las verdaderas intenciones de los terroristas y sus adláteres políticos.
El jefe de la patronal foral revelaba, ratificando aún con más detalles los datos aportados días atrás por sus homólogos guipuzcoanos de Adegi, que, en la actualidad, nada menos que unas 2.000 personas son extorsionadas de manera sistemática por ETA en el País Vasco y Navarra.
Más allá de constatar que el mal llamado impuesto revolucionario continúa siendo una actividad tan inicua como generalizada, Ayesa denunció además que las autoridades españolas «nunca» hayan dado importancia a estos hechos.
En declaraciones a una emisora de radio, el jefe de los patronos navarros comentó que el actual ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no se ha dirigido en ocasión alguna a los empresarios para transmitirles algún tipo de indicación sobre cómo actuar ante las presiones de los asesinos, y, de paso, advirtió de que la extorsión «no acabará» hasta que la organización criminal «no desaparezca» o no se la derrote «totalmente», porque «ETA siempre necesitará financiarse».
Ayesa detalló que la forma de actuar de la banda consiste en enviar primero «dos cartas» a los empresarios y a sus familias para garantizarse que han recibido las amenazas y, a continuación, remitirles otras tantas misivas «endureciendo» el mensaje y advirtiendo en uno de los párrafos que la persona extorsionada no ha atendido a la «reclamación de la banda» y que, en consecuencia, «se ha convertido en un objetivo prioritario».
«La actuación es muy perversa, porque habitualmente reciben las notas personas del entorno del empresario que son más vulnerables, como la esposa o los hijos», apuntó el líder de la patronal tras asegurar que sus denuncias «no son buenas», ya que hacen que los empresarios se «expongan a la visión de la banda», aunque, matizó, son tan inevitables como necesarias, puesto que, hasta ahora, «no se está dando la importancia que tiene a esta intolerable extorsión».
Y, mientras por un lado los terroristas continúan con sus prácticas mafiosas, la izquierda abertzale trata de crear nuevas cortinas de humo que, como sucedió en la última tregua trampa, permitan a sus jefes reorganizarse y coger aire. No obstante, a diferencia de aquella añagaza, ahora los proetarras intentan aliarse con un partido supuestamente democrático como es EA para que su tapadera tenga más visos de credibilidad.
Dicha estrategia podría incluso darles nuevos frutos si, como explicaba ayer el secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, los proetarras logran convencer al Gobierno vasco de que hay «movimientos» dentro de la izquierda abertzale, pero que «necesitan más tiempo», ya que, de momento, «no tiene capacidad para hacer que ETA se mueva, o para alejarse de los asesinos».
Tales palabras estaban precedidas por una entrevista mantenida por el propio Urizar con Rodolfo Ares, que, «hace semana y pico», se puso en contacto con él para «disuadirle» de su intención de acercarse a los pupilos de Arnaldo Otegi.
«Los modos -de la charla con el responsable gubernamental- fueron buenos, y no hubo ningún problema, pero nos dijo que, si no se trabaja la vía planteada por ellos, porque otros abrimos las puertas, esa importante decisión (el cese de la violencia por parte de ETA) se retrasaría», explicó el dirigente de EA.
Pese a esa supuesta dureza, lo cierto es que en Madrid se sigue haciendo gala de una cierta ambigüedad a la hora de tratar a los proetarras y, aunque se los detiene por su colaboración con los asesinos, las estancias en la cárcel suelen ser breves, como si de una mera advertencia se tratara.
En aplicación de tales tácticas, la Audiencia acordó ayer la puesta en libertad bajo fianza de 50.000 euros para el ex dirigente de Batasuna Karmelo Landa -que se suma a otros ocho compañeros que salieron a la calle la semana pasada-, al considerar que no existe riesgo de que se fugue o de que pueda cometer nuevos delitos antes de que sea juzgado en la causa que investiga la financiación de ETA a través de las herriko tabernas.
