El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, presentó recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley de Caza de Castilla y León porque considera que esta norma se aprobó sin los estudios necesarios y con la intención de eludir el cumplimiento y dejar sin efecto los autos del TSJ de Casilla y León que paralizaron de forma cautelar a finales de febrero la caza en esta comunidad.
La institución considera que algunos preceptos legales vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, al regularse directamente por Ley las especies cinegéticas y cazables en Castilla y León, y los periodos y días hábiles de caza en esta Comunidad, además de permitir el ejercicio de la caza directamente por ley, con lo que se impide el acudir a los tribunales ordinarios, señala a través de un comunicado.
Por otra parte, continúa, se trata de medidas adoptadas sin contar con los estudios científicos y técnicos necesarios que avalen la declaración de especies cinegéticas. Con ello, se vulnera la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al no garantizarse la adecuada conservación de las especies silvestres.
El Defensor del Pueblo ve motivos de inconstitucionalidad porque esta ley se promulga con la intención de eludir el cumplimiento de los autos del TSJ de Casilla y León que de forma cautelar paralizaron a finales de febrero la caza en esta Comunidad tras suspender el decreto autonómico que regulaba las especies que se podían cazar, precisamente por carecer de los estudios científicos y técnicos necesarios.
En este sentido, el Defensor señala que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en repetidas ocasiones acerca de la trascendencia constitucional de las medidas cautelares y de su relación con los derechos fundamentales y en concreto con el derecho a la tutela judicial efectiva. Así, al elevar el rango normativo, la institución considera que se ha querido “evitar” el control por los tribunales ordinarios y “neutralizar”, de esta manera, el contenido de las resoluciones judiciales dictadas.
Por último, el Defensor señala que los preceptos impugnados de esta ley vulneran el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado y quebranta la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente en general y, específicamente, en materia de conservación de la biodiversidad.
En este sentido, apunta que desde el momento que la legislación castellanoleonesa vulnera la normativa básica, está incurriendo en una violación de la competencia estatal y por lo tanto incurre en inconstitucionalidad.
