Entre el grupo de 16 etarras para los que el Constitucional (TC) rechazó el pasado martes sus recursos contra la doctrina Parot se encuentran varios asesinos múltiples de la banda como Javier Martínez Izaguirre, alias Javi de Usánsolo, el asesino del niño de dos años Fabio Moreno, o Iñaki Erro Zazu, con siete crímenes y para quien la izquierda abertzale solicita su excarcelación por motivos de salud. El abogado defensor es de sobra conocido: Íñigo Iruin, una de las caras conocidas de Sortu, que acaba de ser legalizado por el Alto Tribunal.
Este terrorista, detenido en 1984 y en 1992, está condenado a 136 años de cárcel por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Mundía; a 258 años por la brutal acción contra los guardias civiles que vigilaban Petronor; a otros 38 por el asesinato de un guardia civil en Getxo y tres décadas por la muerte del policía nacional José Ansean. No obstante, uno de los asesinatos más crueles fue el que acabó con la vida del niño de dos años Fabio Moreno Asla el 7 de noviembre de 1991 en Erandio (Vizcaya) por el que fue condenado a 85 años.
Este pequeño era hijo del guardia civil Antonio Moreno, quien ese día subió a su coche con sus dos hijos mellizos a quienes llevaba a la piscina. Martínez Izaguirre y el histórico etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, habían instalado un artefacto explosivo bajo el asiento del copiloto que hizo explosión. Los terroristas sabían que el guardia civil solo usaba su turismo para trasladar a su familia.
Por su parte, Iñaki Erro vio cómo en unos días ha pasado de situarse en el centro de las reivindicaciones de la izquierda abertzale en la campaña de presión iniciada en torno al secuestrador de Ortega Lara, Josu Uribetxeberria Bolinaga, a ser alejado de la cárcel de Pamplona a la de Almería y que el TC rechace su recurso. Cuenta con siete asesinatos cometidos entre 1980 y 1986: cinco militares, un guardia civil y un policía.
Uno de los atentados por los que Erro fue condenado se produjo el 25 de noviembre de 1985. En estos hechos fallecieron dos militares, uno de ellos era familiar del entonces portavoz del Gobierno vasco Eugenio Ibarzábal. ETA llevaba dos meses sin asesinar y este atentado supuso el fin de los rumores que en ese momento apuntaban a una posible tregua. De 52 años de edad, lleva 25 en prisión y, según la izquierda abertzale, padece cardiopatía isquémica severa.
El resto de criminales que seguirán en prisión carecen de unos currículums tan brillantes como sus compañeros, pero tienen a sus espaldas varias muertes, aunque en ningún momento hayan dado muestras de arrepentimiento. Así, Gotxone López de Luzuriaga, del comando Araba, participó en un atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de LLodio (Álava) y contra un vehículo en el que fallecieron dos agentes de la Benemérita, y mató al general retirado Luis de Azcárraga, en el que también actuó Fernández de Larrinoa.
Por otra parte, Kepa Akaiturri fue detenido en 1991 reorganizando el comando Eibar. Segó la vida del camarero José Ignacio Aguirrezabalaga. Más mortífera fue Inmaculada Pacho, detenida en 1991 por atentar contra una comisaría de Policía en Burgos. Acabó con la vida de cuatro agentes de ese Cuerpo y dos ertzainas.
Bautista Barandalla fue condenado a 30 años de cárcel por un crimen y otros delitos. En mayo, un juez de Pamplona le denegó una pensión de 276,50 euros que reclamó por incapacidad temporal para ejercer de albañil. Joaquín Sánchez Biurrun fue condenado a 27 años por asesinar a un policía en esa ciudad y a otros 156 por el del jefe de Comunicaciones del Aeropuerto de Noain.
El caso de Pedro María Solana, Kepa, es curioso. Intentó matar al teniente coronel de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, implicado en la guerra sucia contra ETA, con un paquete-bomba al polémico cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián, en agosto de 1990.
Nicolás Rodríguez asesinó en 1980 a un abogado y al jefe de la Policía Municipal de San Sebastián -hoy controlada por Bildu-. Miren Maitane solo acabó con un guardia civil en 1991.
