El alcalde, Pedro Arahuetes, dio ayer un golpe en la mesa en la batalla que ha emprendido para impedir el proyecto capitaneado por la Diputación Provincial de construir, con el amparo económico de la Junta de Castilla y León, el Palacio de Congresos de Segovia junto al campo de golf de «La Faisanera», en la antigua finca de Quitapesares.
Exultante, cordial y rebosante de satisfacción. Con este ánimo se presentó Arahuetes en el antiguo salón de plenos del Ayuntamiento, para ofrecer, en conferencia de prensa, el número de adhesiones a su campaña de recogida de firmas contra el proyecto del Palacio de Congresos impulsado por la Diputación en el complejo Segovia 21, en Palazuelos de Eresma. Antes de que el alcalde tomara el micrófono, los periodistas hacían sus quinielas, que se revelaron después, salvo excepciones, como bastante aproximadas. El acta suscrita por el notario José María Olmos Clavijo escondía el secreto mejor guardado. Al son del replique de tambor que inundaba la imaginación de los presentes, en un clima de evidente expectación, Arahuetes desveló que 13.131 personas habían firmado para rechazar la construcción, con dinero público, del Palacio de Congresos en La Faisanera, en el complejo Segovia 21. Así lo reflejaba el acta notarial, protegido con una carpeta, y elaborado en un tiempo récord, que Arahuetes no soltó en ningún momento.
«Que sepan que hay 13.131 personas que se oponen a tapar con dinero público las cuentas de una empresa privada», afirmó el alcalde, que se declaró «muy satisfecho», ante lo que consideró como «un hecho histórico», al tratarse de la primera vez que se lanzaba una campaña de estas características con un volumen de participación «tan abrumador».
Las firmas recogidas entre el 21 de junio y el 7 de julio, de acuerdo con el regidor, suponen el 31% del censo electoral en la capital y el 45,5% de las personas que votaron en las últimas elecciones municipales, además de ser más de un millar de apoyos más que el número de votos que obtuvo el PP en los comicios municipales de 2011 (12.116). «Ahora se entiende el porqué el PP no quería una consulta popular, no tenía interés en conocer la opinión de los segovianos», unos ciudadanos que, a juicio del alcalde,»han entendido perfectamente que este proyecto afecta al futuro de la ciudad, no solo lo conocen sino que se han formado ya una opinión».
Para Arahuetes, la Diputación y la Junta, que inyectará 8 millones de euros al proyecto, «deben reflexionar» porque «no pueden hacer oídos sordos a este clamor popular».
«No pueden despreciar a 13.131 ciudadanos que, de manera libre, voluntaria y sin ningún tipo de coacción se han manifestado en contra de este proyecto», dijo Arahuetes, en tono contundente, para recalcar después que todas las firmas habían sido legalizadas ante notario para que «nadie tuviera conocimiento del nombre de las personas y tomara acciones contra ellas». Y es que, según matizó, el Gobierno municipal adoptó esta decisión preventiva al tener constancia de movimientos dentro del PP para aleccionar a sus afiliados y simpatizantes y revisar los pliegos para identificar a los firmantes.
Para Arahuetes la «voz de Segovia está recogida en estas firmas», así como en colectivos importantes de la ciudad que han expresado su rechazo al proyecto capitaneado por la Diputación, como la Agrupación de Industriales Hosteleros (AIHS) o la patronal de industrias de la construcción (APIC).
Al notario se le entregaron un total de 480 pliegos de firmas (en cada una se podían estampar 30 firmas), aunque no todas estaban completas. El alcalde precisó que el propósito es que el notario hiciera el recuento de las firmas, certificara su número y originalidad y plasmara cualquier incidencia que pudiera observar. Así, de las 13.131 firmas, el notario ha precisado que 78 ciudadanos habían olvidado reflejar su DNI.
La Aihs, un culebrón
Arahuetes no quiso pasar por el alto, según sus propias palabras, la postura adoptada por la AIHS, que calificó como un «culebrón». A la postura inicial de apoyo ‘sin fisuras’ al proyecto de La Faisanera expresada por su presidente, Julián Duque, «se le echó encima todo el colectivo», lo que provocó la convocatoria de dos asambleas. En la primera se explicaron a los empresarios las ‘bondades’ de la infraestructura, según Arahuetes; y el propio presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, de acuerdo con la versión que ofreció el alcalde, afirmó que con si la AIHS no aprobaba el proyecto por unanimidad, se aparcaría. Pero en la segunda asamblea, con una escasa participación, los hosteleros votaron en contra. «Si cumple su palabra, Vázquez debe aparcar este Palacio de Congresos» aunque «no lo va a hacer, porque ya sabemos lo que puede valer su palabra», aseguró Arahuetes.
El alcalde también habló del ‘desprecio’ que había manifestado el PP a la opinión de los segovianos, al referirse a las palabras del portavoz municipal, Jesús Postigo («como si son tropecientas [firmas], me preocupa poco»), o del propio Vázquez, que auguró que el número de rúbricas iba a ser escaso. En respuesta a Postigo, Arahuetes señaló que al portavoz popular le debía preocupar que las 13.131 firmas «son más que las que votaron al PP en las últimas elecciones municipales (…) esas tropecientas son las que le exigen [a Postigo] responsabilidad, pero a él le importa tres pepinos, es lamentable». Arahuetes señaló que esas 13.131 firmas, traducidas a votos, otorgarían 14 concejales en el Ayuntamiento, «lo que no ha obtenido el PP y el señor Vázquez en, al menos, las tres últimas elecciones».
Objetivo cumplido
El objetivo del alcalde era recopilar, según confesó ayer, al menos 12.116 firmas, el número de votos que obtuvo el PP en las últimas elecciones de 2011. «Lo hemos superado con creces», resaltó el regidor, que destacó que la participación en la campaña, que le había suscitado una «sorpresa agradable», obedece a que los segovianos han sentido el proyecto en La Faisanera como «un agravio y una tomadura de pelo».
Arahuetes precisó que hoy entregará el acta notarial en los registros de la Diputación y la Junta. «Son 13.131 firmas, es una argumento contundente y esperamos de forma inmediata la paralización del proyecto y el inicio de conversaciones para discutir donde se pueden invertir los ocho millones de la Junta», añadió.
