Visto para sentencia. Datxu Peris, concejala del Ayuntamiento valenciano de Catarroja, espera ya conocer el fallo derivado de la denuncia presentada contra ella por la familia de Víctor Barrio al considerar que sus mensajes publicados en la red social Facebook atentan contra el derecho al honor del torero fallecido.
Un importante dispositivo de la Guardia Civil situado a la entrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda recibió a los demandantes —los padres del torero, Joaquín y Esther, y su viuda, Raquel Sanz— y a la demandada, que acudió a la villa de las siete puertas acompañada por colectivo de apoyo, integrado por 21 personas. En la calle Subida a la Picota, cortada por la Guardia Civil, coincidieron los partidarios de la concejala y un grupo de segovianos que deseaban mostrar su apoyo a la familia del torero, pero sin que en ningún momento se produjera incidente alguno. No había pancartas ni tampoco se escucharon gritos en uno y otro sentido.
La vista, en sí, generó pocas novedades en el procedimiento, pues las dos partes mantuvieron sus posiciones previamente establecidas. Con la pequeña sala del Juzgado de Sepúlveda llena de público, el letrado de los demandantes, José Miguel Soriano, perteneciente a la Fundación Toro de Lidia, desistió interrogar a la concejala, por lo que el juicio, de una hora justa de duración, se limitó a la intervención de los dos abogados y el representante del Ministerio Fiscal.
Para empezar, Soriano quiso fijar el objeto del procedimiento, advirtiendo que no se trataba de un debate “toros sí o toros no”, sino que se asistía a un pulso entre el derecho al honor y la libertad de expresión, defendiendo que para la última “debe haber unos límites”. El abogado de los demandantes sostuvo que, en este caso, se cumplen los tres supuestos que establece la jurisprudencia para que exista una intromisión al honor. A ese respecto, insistió que cuando Peris escribió en su Facebook aquello de que había “algo de positivo” en la muerte de Víctor Barrio, pues “ya ha dejado de matar”, usó “palabras vejatorias y ofensivas”. Sostuvo Soriano que la valenciana utilizó “expresiones innecesarias” para manifestar su oposición a la tauromaquia y, por último, pidió que la juez tenga en cuenta las circunstancias en las que vertió tales opiniones, solo cuatro días después de la muerte del torero en Teruel, lo que a su entender es “reprochable, deleznable e inhumano”.
Lamentó el letrado de los demandantes que, iniciado el procedimiento, Peris haya publicado este año en Facebook mensajes en similar línea al que ayer era objeto de la vista, lo que demuestra que “no se ha retractado” de sus primeras declaraciones. Concluyó Soriano pidiendo una “condena simbólica” de 7.000 euros “por haber atentado contra la memoria de Víctor Barrio, el patrimonio más importante que uno tiene cuando muere, y el honor de su familia”.
En el primer banco de la parte derecha de la sala, Peris, en apariencia tranquila, escuchaba la intervención de Soriano. A ratos, se pasaba la mano por la frente, mientras mantenía los ojos cerrados. En el primer banco izquierdo, la familia de Barrio, algo más nerviosa. La viuda recostaba su cabeza sobre el hombro de su suegro, como si buscara consuelo por lo que oía.
La defensa de Peris arrancó diciendo que la traducción al castellano realizada del mensaje en valenciano era “incorrecta”, añadiendo a continuación, en su principal línea argumental, que hoy en día la tauromaquia es “una actividad controvertida” y tras mantener que tanto las posiciones de los taurinos como las de los antitaurinos son legítimas, recalcó que “es en ese marco de debate donde se encuadran las reflexiones” de la concejala. “Ella no critica a Víctor Barrio sino a la tauromaquia”, afirmó. “El contenido del mensaje no va dirigido a Víctor Barrio sino a la tauromaquia”, agregó. En ese sentido, dejó entrever que aunque los comentarios de Peris no fueron afortunados, “no afectan a la reputación de Víctor Barrio ni entre los aficionados a la tauromaquia ni entre los detractores”, pues cada colectivo va a seguir manteniendo sus ideas al respecto. El abogado de la demandada quiso indicar también que el comentario de Peris forma parte de su actividad política y “en coherencia con su ideario”, considerando que es consustancial a su libertad de expresión. El letrado concluyó solicitando la desestimación de la demanda, “por falta de legitimación activa”.
Desde el Ministerio Fiscal sí se defendió que el polémico comentario de Peris atenta contra el derecho al honor de Víctor Barrio. Subrayó su representante que lo de ayer no era un debate sobre la tauromaquia, sino un juicio en relación a unas manifestaciones concretas vertidas por la concejala no adscrita de Catarroja —anteriormente perteneció a Guanyar Catarroja, de izquierdas—. Contradiciendo a la defensa, que sostenía que la difusión del mensaje en valenciano disminuyó su eco, el Ministerio Fiscal consideró el idioma “irrelevante”, al ser tal lengua cooficial en aquella comunidad autónoma. En el mismo sentido, advirtió que el número seguidores de Peris en Facebook, unos 300 —esgrimido por la defensa como muy bajo—, no es determinante en el procedimiento, dado que hoy en día cualquier mensaje en redes sociales corre como la pólvora y, en cuestión de minutos, puede ser vox populi.
El Ministerio Fiscal quiso tumbar la tesis de que Peris arremetía en su mensaje contra la tauromaquia asegurando que en el mismo se refiere, de forma explícita, a Víctor Barrio, calificándole de “asesino” y “opresor”. Ahondando en esta línea, la representante del Ministerio Fiscal subrayó que Peris alude en su mensaje de forma directa al diestro de Grajera. “Dice —continuó la letrada— que ha acabado con 208 vidas desde 2008, lo que demuestra que ha investigado su trayectoria profesional y se refiere específicamente a él”. Para rematar, el Ministerio Fiscal recordó que Peris “pudo haber modificado sus palabras y no lo hizo”, concluyendo con la petición de que se estime la demanda, si bien, en relación a la indemnización, no se posicionó, dejando ese asunto al criterio de la jueza.
Acabada la vista, y después de permanecer unos minutos en el Juzgado de Sepúlveda, la demandada abandonó el edificio, a cuya puerta esperaban numerosos medios de comunicación. Sin ánimo de hablar, solo contestó una pregunta, sobre si se arrepentía de su actuación. “No me arrepiento”, dijo. Fueron sus únicas palabras.
Uno muere cuando lo olvidan, asegura un dicho popular. Si eso es cierto, Víctor Barrio no está muerto. Pero su familia no se conforma con eso. Quiere restituir su honor, que a su entender ha sido mancillado por quien dice encontrar “algo positivo” en su trágica muerte en un coso taurino.
